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sábado, 18 de septiembre de 2021

8:33 p.m.

Ochenta años de renta petrolera

Pascualina Curcio
ÚN, 18 de septiembre de 2021. 

Dra. Pascualina 
Curcio. 
El petróleo ha sido parte de nuestra cultura política y también de nuestra política desde hace por lo menos un siglo. Dicen las malas lenguas que los venezolanos vivimos de la “renta” petrolera, que por eso no trabajamos. Así nos identifican.

Cuando revisamos las cifras encontramos que, desde hace unos 80 años, entre 1940 y 2020, han ingresado 1,3 millones de millones de dólares por exportación de hidrocarburos, algo así como 115 veces lo que necesitaron 18 países de Europa para levantarse tras la II Guerra Mundial. Al contrastarlo con, por ejemplo, la imagen de los barrios en Caracas, inmediatamente surge la pregunta: ¿dónde fue a parar ese dineral?

Obviamente no hemos sido los venezolanos de a pie los que hemos “vivido” de los ingresos petroleros.

Repiten algunos, en un discurso para nada ingenuo, que el petróleo es uno de los principales males de los venezolanos. Es el caso que, el problema no es el petróleo, el verdadero problema radica en el uso que le hemos dado a los ingresos petroleros, y en cómo se han repartido dichos ingresos.

Es propicia la ocasión del aniversario del diario del pueblo Últimas Noticias para repasar velozmente la historia de cómo se ha distribuido la “renta” petrolera estos 80 años.

Mitad y Mitad (1940-1975). En tiempos de guerra mundial, Venezuela figuraba como uno de los tres mayores productores de petróleo en el mundo y principal surtidor de EEUU y Reino Unido. Solo en la década de los 40 ingresaron US$ 6.028 millones a nuestro país por exportación de petróleo, la mitad de lo que se invirtió para reconstruir toda Europa. La industria petrolera, en esa época y hasta 1975, estaba formalmente en manos de las empresas privadas extranjeras.

Isaías Medina Angarita aprobó la Ley de Hidrocarburos en 1943 mediante la cual se establecía que las nuevas concesiones para la explotación serían por 40 años además de aumentar las regalías a 16,66% y obligar a las empresas a pagar impuesto sobre la renta, en ese momento, 12% según la ley promulgada en 1942. Luego, en 1948, Rómulo Gallegos aprobó el fifty-fifty, impuesto adicional que obligaba a las empresas privadas extranjeras a repartir con el Estado la mitad de las ganancias por el negocio petrolero.

Entre 1940 y 1975 ingresaron US$ 77.285 millones por exportación petrolera. Algo así como 6 veces el Plan Marshall. De la “nacionalización” a la privatización (1976-1998). Fue en 1976 cuando se “nacionalizó” la industria petrolera. En 1983 se vencerían las últimas concesiones otorgadas en el 43 y el Estado pasaría a ser propietario de toda la infraestructura de la industria sin estar obligado a dar ninguna compensación según la Ley de Reversión de 1971. Las empresas extranjeras prefirieron adelantar 8 años la expiración de las concesiones a cambio de indemnización: el Estado les dio US$ 4.300 millones y el privilegio de pasar a ser “filiales” de la recién creada Pdvsa.

Enmarcada en la “nacionalización”, paradójicamente en 1992 inició la privatización de la industria con el eufemismo de la apertura petrolera que con distintas figuras (convenios operativos, asociaciones estratégicas, acciones privilegiadas, ganancias compartidas y empresas mixtas) redujo la participación del Estado en el negocio petrolero. Disminuyeron las regalías a 1% y la presión tributaria de 50% a 34% implicando un retroceso a tiempos previos al año 43, incluso disminuyó la participación accionaria del Estado a través de las denominadas empresas mixtas y hasta derecho a veto en las decisiones les confirieron a las empresas privadas extranjeras. La excusa para la flexibilización y privatización en ese momento fue la necesidad de atraer inversiones extranjeras para “rescatar” la industria petrolera. Siempre el mismo cuento.

Entre 1976 y 1998 ingresaron divisas al país por el orden de los US$ 290.132 millones por exportación de petróleo, esta vez, a diferencia de antes del 76, por la vía del Estado. Así como ingresaron se fugaron. El sector privado recibió del Estado, a tasa de cambio subsidiada US$ 214.262 millones, 74% de lo que ingresó por petróleo. Aunque este sector privado solo invirtió US$ 17.200, repartió US$ 30.192 millones, sin contar eventuales sobrefacturaciones y la disminución de la presión tributaria.

El petróleo es del pueblo (1999-2013). Durante el gobierno de Chávez se inició la reversión de la privatización con la aprobación de la Constitución de 1999 y de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2001, principal detonante del golpe de Estado en 2002. En la Constitución se da al Estado pleno dominio de la actividad petrolera y la totalidad de las acciones de Pdvsa, por su parte, en la mencionada ley se restituyeron las regalías, ahora de 30%. Simultáneamente, Chávez estableció en 2003 un sistema de control de la administración de las divisas para evitar la fuga de los recursos que ingresaban por exportación petrolera.

Entre 1999 y 2013 ingresaron US$ 856.140 millones por exportación de petróleo. Al sector privado se le asignaron, a tasa preferencial, US$ 387.940 millones, 45% de esos ingresos. Aunque en términos absolutos recibieron muchísimas más divisas que antes de 1999, en términos relativos la cantidad asignada fue 29 puntos porcentuales menor. 55% de las divisas que no fueron al sector privado, permitieron aumentar 380% la inversión pública necesaria para la reactivación de la producción nacional que aumentó 57% entre 1999 y 2013, además del financiamiento de las misiones que, entre otras políticas, incidieron en la reducción de 60% de la pobreza.

Los grandes capitales transnacionales, a pesar del control de administración de divisas, se apropiaron, entre 1999 y 2013, de US$ 342.805 millones provenientes de los ingresos petroleros, por la vía de la sobrefacturación de importaciones (US$ 277.922 millones) y la repatriación de ganancias (US$ 64.883 millones). Esos años solo invirtieron US$ 37.784 millones.

Guerra económica (2014-2021). Tras la desaparición física del comandante Chávez, el imperialismo arremetió contra el pueblo venezolano, siendo la industria petrolera un objetivo estratégico de la guerra económica. Entre 2014 y 2016 fue afectada por la caída de 65% de los precios del petróleo. En 2017 inició un bloqueo formal contra Pdvsa que implicó la reducción en 82% su producción.

Los ingresos por exportaciones petroleras entre 2014 y 2019 ascendieron a US$ 194.116 millones. No tenemos cifras de la asignación de divisas al sector privado, pero sabemos que, en plena guerra económica, repatriaron US$ US$ 37.426 millones entre 2014 y 2018.

Hoy, las reservas internacionales en Venezuela son apenas US$ 6.206 millones, luego de haber tenido ingresos petroleros de US$ 1.368.434 millones los últimos 80 años. Alrededor de US$ 498.617 millones (nominales) reposan en paraísos fiscales no precisamente en las cuentas bancarias de los venezolanos de a pie.

Se escucha que la actual Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada por Chávez. Esperamos que, siguiendo su legado, sea para garantizar la soberanía plena sobre nuestro petróleo y los ingresos que éste genera. Esperamos que no sea una reforma que, con el mismo cuento de la necesaria y urgente inversión privada extranjera, nos retrotraiga a los años 40 del siglo pasado, ni a la “apertura petrolera” de los oscuros tiempos neoliberales de la Cuarta República.

martes, 17 de agosto de 2021

7:39 p.m.

Economista Carlos Mendoza Potellá: Con las Zonas Económicas Especiales Venezuela será una maquila petrolera

www.prensapcv.wordpress.com
17 de agosto de 2021. 

Econ. Carlos 
Mendoza
Potellá. 
Para el experto en materia petrolera Carlos Mendoza Potellá, en estos momentos el país experimenta un retroceso jurídico ya que con la Ley de Zonas Económicas Especiales que inminentemente aprobará la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, “Venezuela se convertirá en una inmensa maquila petrolera”.

Estas reflexiones las hizo el economista, considerado uno de los más destacados catedráticos venezolanos en el tema hidrocarburos, durante su participación en el Foro Virtual Debate Popular Revolucionario organizado por la diputación de la dignidad de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Mendoza Potellá explicó que es necesario rescatar la producción petrolera venezolana y la industria petrolera que en estos momentos atraviesa una situación trágica debido a las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos y la mala gerencia y corrupción pero que “no puede pensarse que el petróleo volverá a ser la primera fuente de ingresos de la economía venezolana”.

Se pueden recuperar pozos, aún tenemos mucho petróleo, pero no será una producción grandiosa como en el pasado, pero sí una que de beneficios para toda la nación; se puede y se debe rescatar nuestra industria petrolera, sabiendo que no dependeremos de esa renta como en el pasado, pero no por eso vamos a entregar nuestros recursos”, destacó el especialista.

Mendoza Potellá, que también se ha desempeñado como asesor petrolero al más alto nivel del estado venezolano, recordó que en el mundo está previsto que entre 2060 y 2070, el petróleo no sea la principal fuente de energía por tanto “no puede seguir siendo la principal fuente de ingreso de la economía venezolana sino una ayuda adicional”.

Ni volviendo a la capacidad productiva que tuvimos, podemos pensar que con la renta petrolera financiaremos nuevamente el 96% de las importaciones, eso ya lo predijo Juan Carlos Pérez Alfonso en la década del 70', y otros destacados estudiosos del tema como Francisco Mieres. Debemos construir la Venezuela pospetrolera”, advirtió.

Por ello no estoy de acuerdo con la Ley Antibloqueo, según esa ley denunciar la entrega de los recursos del país es traición a la Patria. Mientras tanto, un grupo discute en la sombra nuevas condiciones para atraer al capital extranjero a nuestra industria petrolera sin considerar los intereses de la mayoría de los venezolanos”, prosiguió.

En el contexto de las sanciones, las compañías quieren lenidad impositiva y un conjunto de peticiones que lesionan el interés público nacional. Ese es un plan que está ya hecho por las transnacionales, entre 2021 y 2026, exprimirle a Venezuela todo el petróleo que se pueda, volver a producir 2 millones de barriles diarios con una inversión de 110 mil millones de dólares, pero de eso no le va a quedar nada al pueblo porque exigen disminuir el impuesto sobre la renta y eliminar la regalía”, destacó Mendoza Potellá.

En este momento estamos tan mal que nuestro parque refinador no puede ni siquiera cubrir la demanda interna que se supliría con el 10% de la capacidad mínima instalada en nuestras refinerías que han sido dilapidad y desmanteladas”, especificó.

Para el experto, todas las negociaciones para reactivar la industria petrolera y la refinación deben ser transparentes, las debe conocer la opinión pública, no como establece la Ley Antibloqueo que son secreto de estado, pues se pueden estar generando alianzas y contratos contrarios a los intereses de la Patria.

Solo con un consenso nacional donde todos participemos, todos los sectores, podemos definir el país no petrolero hacia el que tenemos que transitar pero sin entregar lo que aún tenemos pues hay inversiones que no vamos a recuperar”, insistió.

Abandonamos los campos convencionales por la ilusión de la Faja del Orinoco con grandes recursos que probablemente se queden en el subsuelo para siempre. La producción petrolera no podrá seguir ocupando la posición primordial en nuestra economía pero aún puede ser rentable durante 15 o 20 años”, explicó, al tiempo que señaló que esos recursos deben utilizarse para construir esa nueva nación pospetrolera.

La industria petrolera venezolana ha perdido gran parte de su capacidad generadora de excedentes, lo cual se expresa en la declinación irreversible de los yacimientos de crudos convencionales, con un consecuente crecimiento acelerado de los costos productivos y un desplazamiento de las actividades hacia crudos más pesados y de menor rentabilidad”, expuso el experto en su intervención mediante un documento.

Sin embargo, las menguantes posibilidades del petróleo todavía son considerablemente superiores a las del resto de nuestro aparato económico y pueden ser utilizadas para la reconstrucción de la sociedad venezolana sobre bases nuevas: de autosuficiencia, autonomía y diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales”, recalca el texto.

Mendoza Potellá, como otros destacados intelectuales venezolanos, rechaza la actual tesis económica del gobierno venezolano de entregar por casi nada nuestros recursos, incluyendo la fuerza de trabajo, la mano de obra, a cambio de dinero fresco y rápido para sostener a una élite política en detrimento de la calidad de vida de millones de asalariados.

El experto petrolero culminó su ponencia agradeciendo al Partido Comunista de Venezuela (PCV) la apertura de este espacio para debatir un tema tan sensible a la opinión pública venezolana como la situación actual de la industria y el sector hidrocarburos.

Estas discusiones se ofrecen en el canal en Telegram “Debate Popular Revolucionario”, un espacio virtual para el encuentro del movimiento popular a fin de consolidar la construcción colectiva de propuestas para una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano, con más de 2 mil suscriptores.

#PidoLaPalabra es la etiqueta utilizada para presentar ideas y aportes tras las intervenciones de los ponentes, todos los lunes a las 4:00pm. Para participar pueden unirse a través de este enlace: https://t.me/pidolapalabra.

miércoles, 17 de febrero de 2021

5:15 a.m.

La batalla más sangrienta fue por petróleo y a machete

Últimas Noticias,
Werther Sandoval,
16-2-2021.




Periodista Werther Saldoval.

La actuación bélica de una división trujillana conformada por 40 hombres en tapa rabos y armados con machetes, fue clave para romper el cerco al que estaba sometido Cipriano Castro en la ciudad de la Victoria, acto que transformó esta batalla de 21 días en la más sangrienta de las contiendas ocurridas en la historia de Venezuela.

Las 20.000 tropas que participaron durante casi un mes en la batalla de casi un mes durante 1902, en la entonces capital del estado Aragua, venían empujadas, de un lado, por las ansias megalómanas de empresas alemanas, francesas, italianas, estadounidenses; de otro, por la necesidad histórica de las fuerzas de Cipriano Castro de acabar con las montoneras y hacer de Venezuela un Estado Nación.

El grueso de las empresas de capital foráneo se habían instalado en Venezuela, fundamentalmente, a partir de los años 60 del siglo XIX y con mayor ahínco durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, quien desarrolló una tan desmesurada política de facilidades de ingreso para los capitales extranjeros, que hasta su propio padre, Antonio Leocadio Guzmán, armó: “...a mi hijo se le fue la mano”, tal como narra el siempre bien recordado profesor de la Universidad Central de Venezuela, Antonio Mieres. 

El empeño de Guzmán Blanco por hacer de Venezuela un país “afrancesado”, implicaba doblegar, flexibilizar al extremo, las legislaciones de la época que reservaban a la República la propiedad sobre sus recursos mineros, basada en el decreto emanado el 24 de octubre de 1829, en Guayaquil, por Simón Bolívar, denominado “Decreto sobre conservación y propiedad de las minas contra cualquier ataque contra la facilidad de turbarla o perderla”, cuyo Capítulo 1.º, De los descubrimientos, títulos y deserción de minas, señala:

Artículo lo. Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto. 

Entre las compañías que recibieron el beneplácito del también autollamado “Ilustre Americano” se encontraba la New York & Bermúdez Company, subsidiaria de la estadounidense General Asphalt, la cual adquiere la concesión sobre el Lago de Guanoco el 7 de mayo de 1885, para explotar y comercializar el hasta esa fecha el depositario de asfalto más grande del mundo, ubicado en el entonces estado Bermúdez, uno cuyos territorios es el hoy estado Sucre. Allí también explota el primer pozo petrolero venezolano operado por una compañía extranjera, el Babaui, en 1913.

Mieres recuerda que el con icto en ciernes toma fuerza cuando la New York Bermúdez and Company, ya molesta con los impuestos y pago de regalías, desatiende la legislación del estado Bermúdez en lo relativo a dotar de electricidad a Cumaná y de transporte a los trabajadores. 

Castro se enfrenta a la arrogancia de la compañía, entre cuyos directores se hallaba Manuel Antonio Matos, también directivo del Banco de Venezuela”. 

Nikita Vallenilla, en su texto Asfalto y revolución, cuenta como la querella jurídica es ganada por Castro en la Corte Suprema de Venezuela. Incluso triunfa en la jurisdicción de EEUU”, recuerda Mieres. Es cuando la NY& Bermúdez Company acude al gobierno de EEUU y surge Teodoro Roosevelt, quien trata de quitar a Castro. Lo llama “Mono sudamericano” y arma con odio:Quisiera darle un par de nalgadas para sacarlo de pequeño trono que tiene en Caracas”, dice el profesor de la UCV.

Castro no cede en las exigencias. Con Matos a la cabeza y Roosevelt en la trastienda, la NY & Bermúdez Company nancia la conspiración y organiza a todo el capital extranjero con el propósito de sacar a Castro del poder. Las empresas auríferas de El Callao, las inglesas, francesas se confabulan en una revuelta armada”.

Estalla en 1902 La revolución libertadora liderada por Matos, asesorado militarmente por caudillos como los generales Domingo Monagas y el general Luciano Mendoza, guras de gran prestigio en las contiendas civiles del siglo XIX, y otros “...generales chopo e ́ piedra, valientes como ninguno, ignorantes como ellos solos...”, apunta Raúl Oviedo Rojas, en su libro La Gorra Tuerta. Estaban financiados con 145.000 dólares por la New York and Bermúdez Company. 

La contienda va siendo ganada por Matos. Para julio de 1902 solo quedaban en poder del gobierno Restaurador del general Castro los estados Miranda, Aragua y Carabobo en el centro del país; y los estados Trujillo, Zulia, Mérida y Táchira en el occidente. 

Wikipedia narra que “El 5 de julio Castro encarga la presidencia de Venezuela al general Juan Vicente Gómez y marcha con su ejército al oriente con el n de evitar una concentración de los ejércitos de Matos de Oriente y Occidente entre el sur de Aragua y norte de Guárico. 

La operación fracasa por la derrotas sufridas en Guanaguana y Aragua de Barcelona y la temida reunión de Matos se efectúa en Villa de Cura. Castro, en desventaja numérica se acuartela en La Victoria. El grueso del ejército de Matos de unos 15.000 hombres avanzaba desde Villa de Cura”. 

Luciano Mendoza y Manuel Antonio Matos deciden aplazar el ataque a Caracas a través de los Valles del Tuy como lo había planeado Domingo Monagas. En su lugar deciden ir de frente contra el restaurador en La Victoria con lo que esperaban un triunfo definitivo terminara la guerra.

El asedio de Matos en La Victoria comienza el 12 de octubre de 1902 y se desarrolla a lo largo de las colinas que rodean la ciudad. Castro intenta romper varias veces el cerco sin éxito. La situación se torna critica. Las municiones y suministros escasean. No obstante, todo cambia con la llegada de las fuerzas andinas de la División Trujillo al mando de los generales Leopoldo Baptista, Pedro Linares, Pedro María Cárdenas y por los 1000 hombres de refuerzo al mando de Juan Vicente Gómez.

Las fuerzas leales al gobierno ahora suman 5.000 hombres, pero a pesar de la desventaja numérica, Castro contaba con recursos bélicos de extrema importancia, rifles de repetición Máuser y cañones Krupp de tiro rápido, los primeros del país, con las cuales sus hombres obtenían un mayor poder de fuego. Al ejército de Matos se le comienza a agotar los pertrechos. 

Es entonces que se desarrolla una de las acciones más famosas de la batalla. 40 hombres de la División Trujillo realizan una exitosa carga de machete contra una línea enemiga. Iban descalzos. 

En ropa interior, sin armas de fuego, solo armados con un machete, dice José Rosario Araujo, en su ponencia La revolución restauradora. 

Al llegar a las afuera del campamento enemigo los trujillanos se preparan para la carga y atacan produciendo desconcierto en las las del ejército de Matos, haciéndolos huir de trinchera en trinchera dejando muchos cadáveres regados en su huida.

Una derrota en La Victoria hubiese acabado con el dominio del Restaurador. En su lugar las fuerzas de Castro se impusieron sobre los revolucionarios por su disciplina, armamento y unidad de mando. Aunque el soldado venezolano tenía una formación militar muy exigua, en el campo de batalla demostraba una gran valía en combate.

A finales del siglo XIX el periodista estadounidense William Eleroy Curtis afirmaba que los soldados recibían “...una paga equivalente a un franco por día, con la cual deben proveerse su propia subsistencia. Son obedientes, fieles y buenos combatientes. Algunas de las más feroces batallas que el mundo haya conocido se han librado en Venezuela, y en ambos bandos quienes han peleado son estos pobres hombres”.

sábado, 24 de octubre de 2020

9:30 a.m.

El Petróleo es nuestro desde hace 191 años

Werther Sandoval
ÚN, 23-10-2020. 

Periodista Werther Sandoval. 
Previsor de la empecinada lucha que sobrevendría por tratar de despojar a la nación de los beneficios de la tierra, hace 191 años Simón Bolívar elaboró el decreto que coloca en manos del Estado la propiedad de los hidrocarburos.

Basta leer la denominación del decreto promulgado el 24 de octubre de 1829, en Guayaquil, Ecuador, en su condición de presidente de la Gran Colombia, para entender el fundamentado propósito de la normativa: “Decreto de El Libertador Simón Bolívar sobre Conservación y Propiedad de las Minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla”.

De entrada, El Libertador dejaba plasmados los argumentos que lo impulsaron a establecer la normativa que protegía a la nación de los intereses mezquinos que intentaban usufructuar las minas.

Bolívar arguye que debe asegurarse la propiedad de las minas ante cualquier ataque, dado que a pesar de ser una de las principales fuentes de la riqueza pública, la minería se encontraba abandonada en Colombia.

Refiere que para fomentar la minería es necesario derogar disposiciones antiguas que han sido el origen de constantes pleitos entre mineros.

Además, en su visión de estadista sienta bases para la promoción, desarrollo y fomento de los conocimientos científicos de la minería y de la mecánica, así como del espíritu de asociación y de empresa, a los fines de que la minería llegue a un grado que colabore con la prosperidad del país.

En consecuencia, el primero de los 38 artículos establecidos en el decreto apunta: “Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto”.

Valga apuntar que Asdrúbal Baptista, en su texto Teoría Económica del Capitalismo Rentístico, explica en su libro que en la sociedad capitalista se admiten como legítimas sólo dos fuentes privadas de ingresos: la propiedad, por una parte; y el trabajo, por la otra. Por tanto, según sea de una u otra fuente de donde provengan los ingresos recibidos, los individuos serán o propietarios o trabajadores, respectivamente.

Vemos entonces que la decisión de Bolívar deja plasmada la condición que debe asumir el Estado frente a “las minas de cualquier clase”: propietario, pues tal categoría implica ejercicio de soberanía y encarna la obtención y distribución de los beneficios de la explotación de los hidrocarburos entre toda la población.

El decreto actuó y actúa como principio y antesala del devenir histórico del Estado propietario del recurso hidrocarburo presente en el subsuelo. Se transforma en centro de lucha por el poder. Quien logre doblegarlo y manipularlo, capta y distribuye la explotación y la renta petrolera.

Tan pronto el Estado comenzó a exigir remuneración con cargo a la propiedad que detentaba sobre los hidrocarburos, se pondrá en marcha una contienda distributiva por las resultas del negocio petrolero, cuyo ámbito es el mercado mundial aún cuando se dé a escala nacional”, señala Baptista.

Bajo el precepto de que el derecho a explotar no otorga propiedad sobre el yacimiento, surgen los conflictos entre quienes intentan manipular y doblegar al Estado, y los que interpretan el decreto bolivariano como un acto de la necesaria distribución de la renta y ejercicio de soberanía.

Es así como uno de los intentos por poner el Estado a favor de las transnacionales petroleras arranca con el inversionista estadounidense Horace Hamilton, quien atraído por el Lago de Asfalto de Guanaco gestiona, en 1883, ante el gobierno de Joaquín Crespo, la explotación comercial del recurso natural.

Crespo le otorga una concesión por 25 años. A cambio, Hamilton debía comenzar la explotación en un plazo de 6 meses, prorrogables por seis meses más.

También debía pagar al Tesoro Nacional 2 bolívares por cada tonelada de asfalto explotado y la canalizar los ríos Guarapiche y Caño Colorado.

Hamilton no cumplió. Y en 1885 negocia la cesión del contrato a la estadounidense New York Bermúdez Company, NY&BC, la cual auspicia y apoya la revolución Libertadora liderada por el General Manuel Antonio Matos, contra Cipriano Castro.

La empresa le entregó a Matos 145.000 dólares en pertrechos de guerra, información que llegó a los oídos de Castro.

No obstante, La Libertadora es aplastada por Castro, que de inmediato pide al Procurador General de la Nación acudir a los tribunales para exigir la rescisión del contrato a la NY&BC, la cual también deberá pagar indemnizaciones por su responsabilidad en los daños cometidos durante la guerra. La instancia judicial admite la demanda y ordena el secuestro del Lago Guanoco.

En su defensa, la NY&BC pide y obtiene el apoyo del gobierno de EEUU. Crece la disputa y en medios de la polémica, el Subsecretario de Estado solicita información sobre el juicio a su embajador en Caracas, quien responde: «Creo que debería enviarse inmediatamente a La Guaira una flota americana. Si el Lago de asfalto no es restituido a sus propietarios estadounidenses dentro de las 24 horas posteriores a la llegada de la flota, soy de la opinión que sean ocupadas las aduanas de La Guaira y Puerto Cabello».

EEUU intenta ignorar la sentencia del tribunal. En 1908 se dicta una nueva sentencia que condena a la NY&BC al pago de 24 millones de bolívares por ser responsables de daños y perjuicios causados a Venezuela por su patrocinio a la guerra.

Sin embargo, antes de ser ejecutada la sentencia, por motivos de salud Castro viaja a Europa y deja al frente del gobierno a su compadre y amigo Juan Vicente Gómez.

El 19 de diciembre de 1908, Gómez desconoce a Castro, restablece relaciones diplomáticas con EEUU, que envía tres buques de guerra a La Guaira. En marzo de 1909 la NY&BC toma de nuevo posesión del Lago Guanoco.

lunes, 5 de octubre de 2020

8:11 p.m.

Nacionalismo Petrolero: veintiún años después, ¿derrota final?

Carlos Mendoza Potellá
aporrea.org, 5-10-2020, 
A propósito de la propuesta de Ley Constitucional Antibloqueo... 

[Al modesto coro que comenzó a conformarse alrededor del artículo bomba disparado este fin de semana por Luis Britto García, en claro cuestionamiento contra aspectos estructurales clave de la propuesta de "Ley Antibloqueo...", se suma el día de hoy, con la presente entrega, el Dr. Carlos Mendoza Potellá, esta vez para asumir su parte de la crítica desde la particular y trascendental postura de la temática petrolera nacional, misma que se vería afectada por los gravísimos retrocesos que se impulsarían desde el alto gobierno, en ejercicio de aquella ley, en aspectos que ya deben tener a las grandes transnacionales petroleras (Exxon por delante) frotándose las manos y babeándose la jeta. Así nos querría "defender" este gobierno del bloqueo gringo. Recordemos la sugerencia de Cantinflas en casos como este: "No me defiendas tanto, compadre" (Ndecc)].

Dr. Carlos Mendoza 
Potellá. 
Un largo, pero necesario preámbulo de cuatro páginas: Hace una semana publiqué el último de los trabajos en los cuales he venido denunciado, desde julio del año pasado, las propuestas de nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos de corte privatizador que se debaten en la Asamblea Nacional [aporrea.org/autores/mendo za.potella 17/07/19 al 28/09/20].

En ellos he pretendido aportar elementos para sustentar mi posición de que se trata de una nueva arremetida de las políticas de corte neoliberal que intentan convertir al país en una tierra de nadie, abierta a la incursión sin restricciones del capital petrolero internacional y en desmedro del interés público nacional.

Políticas en las cuales, tras la excusa de combatir al estatismo ineficiente, se encubre la voluntad de anular la soberanía de la Nación venezolana sobre sus recursos de hidrocarburos.

Y justamente en ese último trabajo destacaba el carácter inconstitucional de esas propuestas por violación de los artículos 151, 302 y 303 de nuestra Carta Magna, razón por la cual recomendaba a los proyectistas de esa nueva Ley, que iniciaran el proceso legal establecido para proponer una reforma de la Constitución que la hiciera compatible con sus pretensiones, aprovechando de paso para liquidar también ese incómodo Artículo 12, a duras penas reconocido en el Anteproyecto y el cual establece el carácter de propiedad pública imprescriptible de los yacimientos mineros y de hidrocarburos.

En estos días se están cumpliendo 21 años de las deliberaciones que condujeron a la aprobación de esa Constitución. Las circunstancias actuales, que serán evidentes en lo que sigue, me llevan a hacer una referencia a mi participación personal en aquél proceso.

En esa oportunidad, me correspondió ser Asesor de la Comisión de lo Económico y Social de la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se discutieron los artículos correspondientes al Título VI, Del sistema Económico.

En particular, estuve presente en el debate de los Artículos del Capítulo I, de ese Título, Del Régimen y de la función del Estado en la economía.

Las últimas sesiones de esa Comisión correspondieron a la discusión de los Artículos 302 y 303, atinentes a la actividad petrolera en general y a PDVSA en particular, respectivamente.

Acompañando directamente a los Constituyentes Gastón Parra Luzardo y Luis Vallenilla, participé en una auténtica batalla campal contra la excepción prevista al final de ese artículo, -ver texto subrayado en la transcripción siguiente- mediante la cual se hace posible que el Estado quede siendo dueño de un cascarón vacío con el nombre de PDVSA, mediante la privatización de las filiales y asociaciones que la misma constituyera.

"Artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.".

El debate final de la Comisión se desarrolló en la sede del Instituto de Investigaciones Avanzadas, IDEA, en el Valle de Sartenejas, y ocupó toda una tarde y hasta el amanecer del día siguiente.

Destacados constituyentes, entre ellos el Presidente de la Comisión y un futuro Gobernador, con la evidente asesoría presencial de un grupo de abogados del escritorio jurídico Baker & McKenzie, encabezaron en esa madrugada la ofensiva final a favor de la subrayada excepción, la cual venía siendo impulsada en sesiones previas con la promoción de testimonios de directivos de la propia PDVSA, académicos y líderes empresariales del sector, quienes destacaban la inconveniencia de blindar el carácter estatal de la industria petrolera nacional.

Al ser presentado el texto y su excepción en la sesión plenaria, las reiteradas objeciones del Constituyente Parra Luzardo fueron desestimadas y su derecho de palabra fue cortado como improcedente por el Presidente de dicha Asamblea, Luis Miquelena.

A quienes fuimos derrotados en esa oportunidad nos quedó siempre pendiente, como una responsabilidad particular, personal, la obligación de enfrentar, cada vez que pudiéramos, la materialización de lo dispuesto en esa "coletilla", como la denominamos entonces, en el desarrollo de la política petrolera de los años siguientes.

De hecho, personalmente he planteado muchas veces, por escrito y de viva voz, la necesidad de quitarle a Petróleos de Venezuela esa inconveniente condición de Sociedad Anónima, impuesta por las concesionarias en 1975 durante el proceso de negociación del "adelanto de la reversión", la cual atenta contra el postulado inicial del referido artículo constitucional y se convierte en una tentación para la aplicación de su "coletilla" privatizadora.

Esa posición data de mucho antes, desde 1976, cuando, junto a un amplio sector de técnicos, profesionales y académicos, acompañamos al Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo en las críticas a la "nacionalización chucuta", precisamente por la inserción, en el Artículo 5° de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, de la posibilidad de que las actividades reservadas al Estado fueran ejercidas también por las empresas mixtas que se constituyeran.

También desde entonces, junto a Francisco Mieres, Gastón Parra Luzardo, Domingo Felipe Maza Zavala, Héctor Malavé Mata y una larga lista de profesores, combatimos la suscripción de los ruinosos convenios de asistencia técnica y comercialización con las antiguas concesionarias ["De las Concesiones a los Contratos, Visión Retrospectiva de la política petrolera Venezolana" https://petrole ovenezolano.blogspot.com/2009/12/de-las-concesiones-los-contratos-vision.html].["Nacionalismo Petrolero Venezolano en cuatro décadas" https://www.academia.e du/41805065/Nacionalismo_petrolero_en_4_d%C3%A9cadas].

Es la misma posición que ha inspirado desde entonces el enfrentamiento a la constante solicitud de una "soberanía especial" para la gerencia petrolera estatal de formación y vocación transnacional, la denuncia de sus megadisparates expansivos, de la "internacionalización" -tal vez el más ruinoso y antinacional de sus proyectos- y, sobre todo, de la apertura petrolera, la cual no ha dejado de ser propuesta como la "solución final" para la industria petrolera venezolana y es el sustrato político e ideológico del Anteproyecto que cursa hoy en la Asamblea Nacional.

En esta oportunidad, pensaba continuar mi reláfica antiaperturista trayendo a colación la intervención de Luis Giusti, el 22 de junio de 2006 en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, en el cual se discutía la seguridad energética de los Estados Unidos.

Allí el ex Presidente de PDVSA expuso la propuesta de constituir en Venezuela una Agencia de Hidrocarburos autónoma, a la manera de las de Colombia y México, para garantizar la participación de los crudos venezolanos en el sustento de esa seguridad energética "hemisférica".

Hubiera continuado el desarrollo de mis argumentos ancestrales, si no hubiera explotado bajo mis pies una bomba inesperada: El Proyecto de Ley Constitucional Antibloqueo que acaba de ser presentado por el Presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente me ha quitado todos los argumentos del nacionalismo extremista que he esgrimido en los últimos 49 años.

El Estado Nación venezolano se rinde incondicionalmente. El sitiado acepta las condiciones del sitiador sin que éste  haya prometido levantar el cerco.

Con la excusa de combatir el bloqueo norteamericano, el Poder Ejecutivo pretende asumir potestades judiciales y legislativas inconstitucionales para torcer la voluntad constituyente y "desaplicar" leyes orgánicas y especiales, imponiendo un régimen de "confidencialidad" que establece el carácter de secreto de Estado a futuras negociaciones con el capital petrolero internacional.

Se trata de potestades soberanas que sólo corresponden al pueblo en su conjunto, al cual se debe convocar a referéndum e informar con todo detalle de la gravedad de las decisiones que se proponen, las cuales pueden comprometer negativamente el patrimonio de la Nación, vale decir, de las próximas generaciones.

En efecto, el desmontaje institucional que se dispone en este Proyecto conforma los términos de una rendición incondicional de soberanía, cuyo propósito está expreso en los fundamentos del Proyecto: "captación de inversión extranjera, sobre todo a gran escala".

Y cuando se habla a gran escala en materia petrolera, ya se sabe a quienes nos referimos: en tres líneas se puede hacer la lista completa de ese "sector extranjero" con capacidad de inversión a gran escala. Esos serían los principales beneficiarios de las medidas que se anuncian.

La sola mención del Artículo 303 Constitucional sugiere por donde vienen los tiros: se trata de la apertura sin escrúpulos "estatistas" de la industria petrolera, dejando a PDVSA como el cascarón vacío que ya pronosticábamos hace 21 años.

Todo gira en torno a esa empresa, sin mencionarla: "Organización y reorganización de los entes descentralizados con fines empresariales", vale decir, las empresas del Estado, vale decir en materia petrolera, PDVSA. El carácter vergonzante de ésta y otras menciones revela la voluntad de meter gato por liebre.

Los inconvenientes términos diseminados en su articulado ya han sido diseccionados por otros analistas, en particular, por Luis Britto García, en el texto titulado "Proyecto de Ley Antibloqueo" (https://luisbrittogarcia.blogsp ot.com), a cuyos argumentos me remito y suscribo sin atenuantes.

Al respecto, destaco los enunciados de algunos de sus principales observaciones, atinentes a la inconstitucionalidad del instrumento propuesto: El régimen de confidencialidad y reserva que propone el artículo 14 del Proyecto de Ley Antibloqueo podría asimismo contradecir los artículos 57, y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...

Una simple ley no puede derogar dichas normas de rango constitucional ni transitoria ni definitivamente.

En lo que a mi concierne, se trata de un bozal de obligatoria aceptación, so pena de ser sometido a un proceso como el aplicado a Julián Assange. Vuelve la hora de la clandestinidad.

Por ahora, mientras se pueda, y siguiendo con Luis Britto: "Desaplicación" de normas legales. Sobre el particular, indicamos que el concepto de "desaplicación" es una especie de neologismo en el campo jurídico, que parece implicar la potestad de ignorar o violar disposiciones legales e incluso constitucionales sin necesidad de derogarlas. Tal "desaplicación" sólo generaría actos nulos, conforme al principio de legalidad de los actos de los poderes públicos, enunciado en los artículos 25, 137 y 218 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, se observa que bastaría con el consenso de los ministerios, sometidos jerárquicamente al Ejecutivo para que se proceda a la "desaplicación" de la Ley por este último. Un solo poder, el Ejecutivo, podría así anular a voluntad las normas del Poder Legislativo, sin necesidad de pronunciamiento del Poder Judicial, concentración de potestades que ahondaría el conflicto entre Poderes actual. Por mi parte, cúmpleme destacar, desde mi perspectiva de adicto a la economía y política petrolera, lo siguiente: Los Artículos 23 al 25 del proyecto en cuestión constituyen todo un programa de desmantelamiento de la estructura actual de la industria petrolera nacional.

Partiendo de la necesidad de su reorganización, se otorga al Poder Ejecutivo la facultad de modificar "los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas... se podrá elaborar o implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos... sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303...".

Claro que sin perjuicio del 303, para eso tiene su coletilla privatizadora, que no había sido usada en 21 años.

En ese lapso no hubo ocasión para que se propusiera su utilización, por el contrario, existía conciencia de la necesidad de corregirla e impedir que alguien se sintiera tentado a utilizarla.

Hugo Chávez lo mencionó y propuso sin éxito en 2007, durante el proceso de reforma constitucional de ese año, según lo cita, también en referencia a este "Decreto Constitucional", Roberto Carlos Palacios el pasado 2 del presente mes, en su editorial "El gazapo privatizador que advertía Chávez", en el portal revolucionomuerte.info: "(...) Fíjense, Luis Britto apunta bien aquí en algunos artículos de nuestra Constitución que deben ser reformados –no cabe duda–. El artículo 302 por ejemplo, donde el Estado se reserva la actividad petrolera, pero no así la gasífera, es una sola palabra, pero las palabras son las palabras. Ahí debe estar es, la actividad de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, el asfalto y todo eso. (...) El Artículo 303 también dice que el Estado se reserva la soberanía, por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, pero viene aquí el pero, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido, o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, la privatización, pues, esto hay que cerrarlo, hay que modificarlo, ni filial, ni nada, aquí no se privatiza más nada..." (http://revolucionomuerte.info/2020/10/02/editorial-el-gaza po-privatizador-que-advertia-chavez/).

Pues bien, este conjunto de artículos sugieren, proponen y autorizan no solamente la modificación de los porcentajes accionarios en las empresas mixtas, sino también la enajenación de activos nacionales. Todo ello en condiciones y proporciones indeterminadas, protegidas por el velo del secreto de Estado establecido.

En cualquier caso, es una autorización al Ejecutivo a negociar el patrimonio petrolero nacional, eludiendo los controles públicos, judiciales y legislativos establecidos constitucionalmente y los cuales ameritan por la magnitud e importancia estratégica, vale decir intemporal, transgeneracional, de los activos en cuestión.

El Artículo 27 titulado de Impulso a la inversión privada otorga al ejecutivo la potestad de revertir decisiones judiciales sobre activos privados colocados bajo administración del Estado. Reconozco que esta mención puede ser catalogada como inocentada, pues en Venezuela nunca ha existido una real división de poderes, pero no quiero dejar de hacerla.

Al respecto, comenta Luis Britto en su ya citado texto: "Parecería ser que se otorgan potestades absolutas para dejar sin efectos cualquier 'medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad'", aparentemente para devolver activos apropiados, comprados, confiscados ,expropiados o sometidos a un régimen especial o a los cuales se retiró una concesión por las autoridades venezolanas. Para ello no sólo se "desaplican" disposiciones legislativas: también medidas o más bien sentencias judiciales.

Mención particular me merece el Artículo 31 de este Proyecto de Ley, porque allí se establece, precisamente lo que acabo de denunciar en mi trabajo anterior ["De abril a septiembre: Tiempo para el maquillaje inconstitucional", en  https://petroleo venezolano.blogspot.com/] respecto al Anteproyecto de Ley de Hidrocarburos que cursa en la Asamblea Nacional, como violatorio de la inmunidad de jurisdicción establecida en el Art. 151 de la Constitución vigente. Veamos: El anteproyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos que cursa en la Asamblea Nacional, en el décimo considerando de su Artículo No. 19, establece lo siguiente: "10. Cláusulas de solución de controversias, incluyendo el arbitraje si así fuera convenido por las partes previo consentimiento expreso de las mismas, y sin perjuicio de los establecidos en los tratados aplicables".

Ahora, el Decreto Constituyente que cursa en la Asamblea Nacional Constituyente, en su Artículo 31, dispone: "La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad. Siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos disponibles y se haya pactado previamente, la República Bolivariana de Venezuela podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias".

Por enésima vez cito al manoseado Artículo 151 Constitucional: "En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras".

Lo peor de todo es que este camino de complacencia con el capital petrolero internacional no garantiza nada en la lucha contra el bloqueo norteamericano.

Las proporciones que el mismo ha adquirido y la evidente complicidad de sectores políticos internos levantan muy alto las talanqueras del camino de la rendición incondicional.

Este lamentable consenso entre tirios y troyanos de negociar una reducción de los términos de la soberanía nacional sobre sus recursos de hidrocarburos es el que me llevó a titular esta nota como "Derrota del Nacionalismo Petrolero".

No es muy agradable constatar que se es parte de una absoluta minoría, pero es una trinchera que he compartido desde hace cinco décadas y a mucha honra, con los colegas mencionados arriba.

Estas líneas son precisamente expresión de la voluntad de combatir desde esa incómoda posición, pese a todas las burlas del "sentido común" mayoritario... y los riesgos subyacentes ya señalados.

miércoles, 23 de septiembre de 2020

7:03 p.m.

Antiestatismo petrolero: Máscara de lo antinacional

Aporrea.org
septiembre de 2020. 

"...cuando manyés que a tu lado
se prueban la ropa que vas a dejar..."
[Enrique Santos Discépolo, "Yira, Yira"]. 

Dr. Carlos 
Mendoza 
Potellá.
El estado de postración del país es tal que, como en el tango, se da cuenta de que ya se están repartiendo sus despojos, pero se muestra indefenso, inerme y resignado al destino fatal.

Tal es la situación frente a los reiterados proyectos desnacionalizadora que se vienen proponiendo desde hace décadas, desde los inicios del "adelanto de la reversión" en 1976, para anular todo el recorrido de los esfuerzos nacionalistas en materia petrolera, desde Gumersindo Torres hasta nuestros días.

Se trata de verdaderas cargas de profundidad contra los principios históricos, constitucionales y legales sobre los cuales se instituyó, al menos formalmente, el carácter nacional de la explotación de los recursos de hidrocarburos.

Hace unos días reapareció en la Asamblea Nacional, nuevamente bañadito y bien afeitado, el recurrente proyecto desnacionalizador que caractericé en el momento de su primera aparición, hace un año como "Proyecto de Ley Orgánica para la regulación del Comercio de Esclavos en Venezuela" [https://www.aporrea.org/ene rgia/a280531.html] y al cual dediqué varios trabajos desde entonces, recogidos también en Aporrea: Entre otros, "El Cartero siempre llama dos veces", "Agencia para el despojo del patrimonio público", "Agencia Venezolana de Hidrocarburos Marca A.C.M.E.", "Venezuela petrolera en la tercera década: Cerco y aniquilación", "Aquelarre privatizador de PDVSA-Ad Hoc", reunidos en el siguiente enlace: [https://www.aporrea.org/autores/mendoza.potella].

En efecto, en esta oportunidad, como en las anteriores, se trata del mismo discurso supuestamente anti-estatista, pero en esencia antinacional.

Lo de nuevamente afeitadito y bien bañado viene a cuento porque ha sido presentado ya varias veces desde el año pasado, cuando era un verdadero adefesio, hasta la del 27 de abril pasado, con algunas mejoras de redacción y la más reciente, de hace una semana, el 7 de septiembre, una presentación más sibilina, con toques de vaselina, pero con el mismo planteamiento esencial, "una visión competitiva, audaz, moderna y sobre todo desprejuiciada" [Anteproyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos , Asamblea Nacional, 7 de Septiembre 2020].

Lo desprejuiciado de este Anteproyecto, al cual me referiré en lo sucesivo como ALOH, es evidente por el desaprensivo abandono de toda nuestra tradición legal y constitucional que se materializa en él, con el pretexto de la modernización y máxima flexibilidad.

Una flexibilidad y competitividad extrema que sigue proponiendo la disminución de la regalía del 16,67% al 1%, eliminación de los impuestos municipales, despojo de las facultades ejecutivas estatales de control y fiscalización de la industria para asignarla a un ente autónomo, independiente de los poderes públicos nacionales, y el sometimiento de los contratos de interés público nacional a las normas de arbitraje internacional.

En palabras reiteradas una y otra vez, con el perdón del lector: Crea un paraíso terrenal petrolero para los inversionistas privados, inexistente en otro lugar de la Tierra, donde la Nación venezolana asume todos los riesgos.

Anula la potestad nacional de legislar y regular en materia de hidrocarburos, al establecer, en favor de los contratistas privados, nacionales o extranjeros, la garantía de intangibilidad legal y fiscal de los términos de sus contratos.

Transgrede todo la evolución del sistema legal venezolano y lo retrotrae a la época previa a Cipriano Castro, antes del Código de Minas de 1904 y mucho antes de la primera Ley de Hidrocarburos de 1920. Deja de lado al artículo 1° de la Ley de Hidrocarburos de 1943, que estableció el carácter de interés público nacional de la industria petrolera y es el fundamento de su reserva al Estado, vale decir, a la Nación.

¡Pero claro! Es obvio: Todo eso es el pasado que impidió que Venezuela se hubiera convertido en la primera potencia petrolera del Mundo. Contra ese pasado es precisamente que se levanta este monumento a la modernidad y la competitividad.

El instrumento ejecutor de esta nueva política será una Agencia Venezolana de Hidrocarburos, adscrita formalmente a un Ministerio sin nombre, el cual quedará reducido a actividades protocolares y de representación.

En efecto, ello está dispuesto en los Capítulos dedicados a la asignación de atribuciones, [ALOH Art. 69] de los cuales presento una versión resumida: El Ministerio sin nombre tendrá, entre otras, las siguientes: Representar a la República ante los organismos... Representar la titularidad de las acciones de la República... Otorgar los permisos que son de su competencia. Formular las políticas públicas del Estado... Diseñar del Plan Nacional de Hidrocarburos... con el apoyo técnico de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos... Delimitar de las Áreas Contractuales... Dictar las bases y ejecutar los procesos de selección o adjudicación directa... Fomentar la inversión privada nacional e internacional... Elaborar el plan estratégico para la expansión y optimización de la infraestructura ... Regular, supervisar y fiscalizar las actividades refinación, procesamiento, licuefacción, compresión, regasificación, industrialización, almacenamiento, transporte, distribución y mercado interno; Dictar las resoluciones necesarias en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, Higiene y Protección al Medio Ambiente... Recopilar información sobre los precios, fórmulas y volúmenes... en el mercado interno... Promover el desarrollo de un mercado secundario... Publicar información periódica sobre los permisos otorgados...

Se puede observar, de entrada, que ese Ministerio anónimo no tendrá nada que con las "Actividades Delegadas" aguas arriba, a los contratistas privados.

Todas esas funciones las asumirá la todopoderosa Agencia Venezolana de Hidrocarburos, ente con autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, con personalidad jurídica propia, dotada de un patrimonio constituido por el 1% de la Regalía y todo el Impuesto Superficial que pagaran los "asignatarios" privados, "tendrá a su cargo la administración, regulación, el control y la fiscalización de las Actividades Delegadas, la disposición de los hidrocarburos producidos por las Empresas Asignatarias, así como de la implementación técnica de las políticas públicas" [ALOH, Art. 70].

El Ministro "del sector de hidrocarburos" es apenas uno de los miembros ordinarios de la Junta Directiva de esa AVH, un voto entre cinco, que no puede presidirla. Presento una versión recortada para dar una idea de esas atribuciones magnas: Preparar los procesos de selección o adjudicación directa... Evaluar y calificar las capacidades técnicas y financieras... Informar trimestralmente a la Asamblea Nacional.. Suscribir el contrato que corresponda según la modalidad de negocio... Dictar las normas y lineamientos de carácter técnico, legal y financiero aplicables a las Actividades Delegadas de hidrocarburos; Aprobar los planes de exploración y producción de hidrocarburos; Evaluar las propuestas técnicas para optimizar los factores de recobro... Evaluar las solicitudes de asignación, cesión, renovación, y renuncia... Facilitar la tramitación de la excepción temporal del porcentaje obligatorio de personal venezolano exigido en la legislación laboral... Establecer las metodologías para el cálculo de las tarifas de almacenamiento, transporte y distribución... Facilitar la tramitación de las solicitudes de permisos para el desarrollo de proyectos integrados... Aprobar los planes de inversión para el desarrollo de las Actividades Delegadas; Calcular y fiscalizar las regalías y las ventajas especiales que serán aplicadas a las Actividades Delegadas; Realizar los estudios y análisis comparativos de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional; Fomentar la inversión privada nacional e internacional en las Actividades Delegadas; Establecer los parámetros para calificar a las empresas de capital nacional y vigilar su cumplimiento; Cobrar el Impuesto Superficial equivalente a cada Área Contractual y el Impuesto de Exportación... Cobrar las tasas por los servicios de acceso a la información... Proponer a las autoridades competentes para su consideración, la modificación de leyes, reglamentos u otros instrumentos regulatorios, incluyendo esquemas económicos y fiscales para exoneraciones fiscales temporales, que se consideren necesarias para la captación o preservación de las inversiones necesarias en el sector de los hidrocarburos. Consolidar y divulgar la información sobre las reservas de hidrocarburos; Coordinar, mantener y administrar el Banco Nacional de Información de Hidrocarburos; Publicar información periódica sobre las Áreas Contractuales disponibles, los contratos asignados, su gestión y administración, la capacidad utilizada y disponible en las instalaciones, los volúmenes de hidrocarburos producidos, los hidrocarburos exportados y volúmenes los hidrocarburos comercializados en el mercado interno.

Administrar la taquilla única que permita la gestión centralizada de todos los trámites administrativos relacionados con las actividades a las cuales se refiere esta Ley, incluyendo los trámites ambientales. [ALOH, Art. 71] Remito al lector a la lectura completa para verificar el sentido completo de lo resumido aquí.

Todas estas atribuciones lo fueron alguna vez del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y muchas de ellas comenzaron a ser transferidas a PDVSA en 1983, cuando el Ministro de la época quiso "ascender" a la Presidencia de PDVSA e inició el desmantelamiento de las oficinas técnicas de ese MMH.

El Anteproyecto en cuestión establece el sometimiento obligatorio de los contratos de "asignación" a las leyes y arbitrajes internacionales, en violación del principio constitucional respecto a los contratos de interés público nacional, garantizando a los contratistas niveles de ganancias intangibles y "trato justo" según los estándares internacionales y la tácita condición de "nación más favorecida".

Todo se plantea, según el texto, como el cumplimiento de una responsabilidad histórica, para apalancar la recuperación y la estabilización del país, al dinamizar nuevas inversiones a gran escala al generar un clima de inversiones acorde con las circunstancias.

Estas "inversiones a gran escala" salen de la misma matriz planificadora de producciones de 5 a 8 millones de barriles diarios en plazo de cinco años cuyo fracaso hemos contemplado trágicamente desde 1983 hasta el día de hoy.

Como siempre, todo se basa en el optimismo ciego con el cual se evalúan posibilidades de desarrollo de nuestros crudos extrapesados y de las perspectivas del mercado petrolero futuro: Incremento acelerado de la demanda a partir del 2021, motorizado por el crecimiento de la población mundial, de un 30% en la próxima década, y el agotamiento de las reservas de otros países: la gran oportunidad para Venezuela.

Para aprovechar esa oportunidad hay que ser competitivos. Como no podemos serlo por la calidad y costos de nuestros crudos, lo seremos por la reducción a niveles ínfimos de nuestra participación fiscal.

Y sobre todo en las condiciones actuales y post pandemia, cuando las mayores empresas petroleras internacionales están redefiniendo hacia la baja sus compromisos de inversión petrolera, abandonando proyectos en las lutitas norteamericanas, posponiendo inversiones en Arabia Saudita y el Mar del Norte...

La magnitud y entidad de la materia que pretende desregular este Anteproyecto obligan a que su consideración sea hecha con una visión holística, ameritan un estudio detallado de sus implicaciones nacionales, filosóficas, políticas y económicas, amén de un análisis jurídico circunstanciado.

Con esto quiero decir que las cláusulas eficientes de este anteproyecto, apartadas de la hojarasca de adornos que las cubre, deben ser abordadas multidisplinariamente, en un debate público frente a esos ciudadanos en nombre de cuyos intereses se propone esta degollina institucional.

Por ahora, asumiendo la antigua parcialidad de mi visión sobre el tema, quiero ir a los tiempos germinales del asunto y, para ello, apelo a mis derechos de autor para copiar textualmente extractos de trabajos anteriores.

La idea fundamental sobre la cual se construye esta propuesta ha sido expresada desde hace más de 40 años por dirigentes petroleros de formación y vocación transnacional, a quienes enfrenté en su momento: se trata de una intencionada confusión entre las categorías Estado y Nación, propiedad pública con propiedad estatal, etc.

Desconocen en primera instancia el carácter eterno de la Nación y pretenden que los ciudadanos, una fracción de la población viviente y una ínfima parte de la Nación por venir, pueden disponer hoy de un patrimonio público que trasciende generaciones, para comprometerlo a larguísimos plazos –cuarenta años en el anteproyecto considerado- y, cuando hayan desaparecido los últimos enfermos del mal estatista, repartirlo, directa o indirectamente, entre los ciudadanos del momento.

Desde luego, todo de acuerdo con las leyes del mercado que implican, según una antigua jerga oriental venezolana, que "el que tiene más saliva, traga más harina", refiriéndose al astringente polvo del maíz Cariaco tostado.

No se necesita ser muy perspicaz para predecir que esos ciudadanos, poseedores individuales de fracciones cienmillonésimas de ese patrimonio, buscarán la manera de "realizar" en el mercado esa propiedad, única manera de convertirla en bienes para su disfrute inmediato (pienso en los ciudadanos habitantes de las barriadas de todo el país). Y tampoco se necesitan complicadas series estadísticas, ni análisis de varianzas, para saber en manos de quienes se van a concentrar esas fracciones.

Esa idea privatizadora se instrumenta con la pretensión de aplicar normas sobrevenidas de la anglosajona "common law", desconociendo la tradición romana de nuestra legislación ancestral y los principios filosóficos y políticos sobre los cuales se constituyó la República de Venezuela.

En "La oportunidad la pintan calva" [https://www.aporrea.org/energia/a280644.htm l] de julio del año pasado, inserté las siguientes autocitas y consideraciones, las cuales reproduzco textualmente: "...hoy está de moda el dejar de ser rentistas y estimular escenarios productivos donde el sector privado lleve la batuta, como en toda sociedad capitalista que se precie de serlo. Superando las obstrucciones que genera la propiedad estatal sobre el recurso petrolero, el interés colectivo real, en este sector, estaría en los efectos multiplicadores que tendrían los negocios privados en la reactivación de la oferta y demanda agregada de bienes y servicios, los cuales, a su vez, estimularán el crecimiento de la producción y el empleo en el resto de la economía nacional" [C. Mendoza P. "Privatizar PDVSA ¿vender el sofá"? en Crítica petrolera contemporánea, Crónicas Disidentes Sobre la Apertura y el Poder Petrolero (1996-1999), FACES-UCV].

"Muchos compatriotas han sido tocados por la matriz de opinión según la cual, la privatización de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) puede ser la cura de todos nuestros males económicos. Pagaremos la deuda externa y seguiremos expandiendo nuestra producción petrolera. El desarrollo de las actividades no petroleras vendrá después. Las graves circunstancias en que vive la inmensa mayoría de los venezolanos, ubicados entre la pobreza crónica y la miseria extrema, dan carácter de urgencia a la vía privatizadora. Las posiciones nacionalistas en esta materia son equiparadas a las actitudes del avaro, que muere de indigencia en un lecho de morocotas de oro" [C. Mendoza P. "¿La privatización petrolera hará el milagro?", ABC Petrolero, FUNDAPATRIA, 22 de julio 1998].

El principal instrumento de esas propuestas se fundamenta en una distorsionada interpretación de nuestra historia y una intencionada confusión de conceptos tales como Estado, Nación, gobierno, república, patrimonio colectivo y ciudadanía, a partir de la cual se pergeña un discurso falaz, según el cual los ciudadanos, verdaderos dueños de los recursos petroleros, son despojados por el Estado, cuando éste se "apropia" de los beneficios –la renta- que genera la industria que convierte a esos minerales en productos para el mercado.

"Justamente, la confusión entre los términos gobierno, Estado y Nación, forman parte del arsenal discursivo de quienes postulan la primacía de la propiedad privada sobre la propiedad pública, la privatización como sinónimo de democratización liberal. Cuando condenan las políticas 'estatistas' que maximizan lo que el gobierno 'pretende cogerse', obvian el hecho de que ese gobierno y ese Estado son entes temporales que representan los derechos de la Nación eterna, es decir, el concepto que engloba a todos los venezolanos, vivos y por nacer, cuyo patrimonio debe ser administrado con criterios de máximo aprovechamiento presente y futuro" [C. Mendoza P.: Ignorancia Petrolera y Neocolonialismo, en Crítica petrolera contemporánea. Loc. Cit.].

Una muestra de ese discurso manipulador nos lo entregó hace más de dos décadas un destacado epígono de las bondades del liberalismo norteamericano, avergonzado de nuestra tradición legal "absolutista" y distorsionando, de paso, el espíritu bolivariano que quedó expreso en su decreto de 1829, el cual reserva las minas de cualquier clase a la República y ha sido fundamento del derecho minero venezolano hasta nuestros días: ...nuestra historia republicana evidencia el tránsito del soberano-rey al soberano-civil, ya sea éste el dictador-déspota antes o el dictador-partidos políticos ahora.

Influenciados además por las doctrinas marxista-leninista y fascista, igualmente absolutistas, muchos de nuestros pensadores se apartaron de las ideas liberales de Bolívar y Sucre, tomando la noción de que la soberanía descansa en el Estado o el pueblo como un todo... los Estados Unidos florecieron porque, en verdad, dieron la soberanía al individuo... No reservaron al Estado ningún bien material (a excepción de algunos parques naturales), o actividad industrial, comercial o de servicios. Cada quien produciría prioritariamente para sí y su familia, y subsidiariamente para la comunidad. ¡Gran distinción con el absolutismo! Pues en éste el trabajo pertenece primero al soberano-rey, al soberano-Estado o al soberano-pueblo y sólo después al trabajador y su familia [Andrés Sosa Pietri: "Apertura petrolera, soberanía y la parábola de los talentos". El Universal, pág. 2-2/ 6 de enero de 1996].

A partir de esa falacia se ha promovido, y se sigue proponiendo hoy, la más demagógica y antinacional de las propuestas: repartir anualmente una parte sustancial de los beneficios y todos los dividendos de la industria petrolera entre los ciudadanos, vale decir, los mayores de 18 años: Un antecedente de transparente demagogia electoral lo constituyó la promoción, hecha en 2006 por el candidato presidencial Manuel Rosales, de una tarjeta, "Mi Negra", en donde cada ciudadano recibiría una participación en los beneficios de la industria petrolera como aporte para la cuota inicial de su vivienda.

Antinacional, sin ambages, porque es una propuesta que despoja a la Nación eterna, es decir, a todos los habitantes vivos y por nacer en este país hasta el momento en que desaparezca como tal entidad, por causas tales como conquista extranjera o cataclismo nuclear.

Los habitantes de Venezuela mayores de 18 años, estimados en unos 20 millones al final de este año, constituyen el 60% de la población total, estimada en 32 millones de personas para la misma fecha.

Al momento de aprobarse tal reparto de dividendos, la porción así privatizada sería dedicada en gran parte a alimentar el mercado de consumo y a la realización de inversiones que arderán en las grandes fogatas de los procesos de centralización y concentración de capitales característicos de cualquier mercado libre, pero más aún cuando se trata de hambrientos estimulados pavlovianamente hacia el consumo inmediato, en los cuales medra la propaganda masiva de compras por Amazon e inversiones "desde sólo 500 mil dólares" para obtener la Visa EB-5 de negocios en los Estados Unidos.

En consecuencia, con el tiempo, la participación recibida directamente por la mayoría de esos veinte millones de "privilegiados" se irá concentrando en las manos de los emprendedores de siempre y otra gran parte de ellos se agregará a los más de 10 millones de los "menores" que serán automáticamente desheredadas de su patrimonio. Dadas las actuales tasas de crecimiento poblacional, para el año 2050 habrán nacido en este país otros 8 o 9 millones de nuevos desheredados.

Más allá no podemos aventurar nada, sobre todo si se cumplen los pronósticos sobre el cambio de la matriz energética, cuando a la disminución del uso de los hidrocarburos conduciría a que las instalaciones para extraer petróleo se conviertan en los temidos "stranded assets" (activos varados) que hoy aterran a los accionistas de Exxon Mobil y sus corporativas hermanas petroleras.

La falacia de estas propuestas es inconmensurable, cuando se pretende comparar un fondo de reparto anual de dividendos con otros fondos de ahorro transgeneracional, como el noruego o el kuwaití, que son precisamente diseñados para "las nuevas generaciones" y para posponer el consumo de ingresos extraordinarios que, de otra forma provocarían efectos perversos en sus respectivas economías, tales como los que dieron lugar a los denominados "efecto Venezuela" (justamente caracterizado así por los noruegos y predicho en 1930 por Alberto Adriani) o la más reciente y popular "enfermedad holandesa".

Y se trata de privatizar, no de "desestatizar", porque se trata de hacer privado lo que es un bien público, que debe tener un destino de beneficio colectivo, de servicio público, de inversión para acrecentar el patrimonio de todos, de la Nación toda.

La manipulación mediática de estos conceptos, hace que hasta quien escribe dude antes de utilizar la palabra "público", porque puede ser interpretada como "perteneciente al Estado".

Esta manipulación condujo a extremos como los de un conocido gerente petrolero de los 70, Shell-Maravén, cuando proclamaba: "Si yo soy accionista de la Shell, ¿por qué no puedo serlo de PDVSA?".

Y ése, precisamente, fue uno de los primeros proponentes del reparto de las acciones de PDVSA entre los mayores de 18 años, fundado siempre en el mismo argumento: "Al no resolver las diferencias entre Estado y nación, le dejará al Estado la propiedad de los yacimientos petroleros cuando éstos deberían ser propiedad de la nación. Es decir, de todos nosotros. El Estado es su ente regulador, mas no su dueño" [Alberto Quirós Corradi, "XX Aniversario, PDVSA en la encrucijada". El Universal, 14 de septiembre de 1995. Pág. 2-2.].

Ya para entonces inmerso en el debate de la "apertura petrolera", respondía: La apertura es apenas el capítulo contemporáneo de una política que ha tenido siempre el mismo signo: la expropiación del patrimonio colectivo en beneficio del gran capital transnacional y de las élites aprovechadoras criollas, cuya punta de lanza la constituyen hoy, y desde hace 20 años, las cúpulas gerenciales de mentalidad privatista enquistadas en los puestos de comando de la empresa estatal [C. Mendoza Pottellá, 1996: "Apertura petrolera: Nombre de estreno para un viejo proyecto antinacional". Inserto en Nacionalismo Petrolero en Cuatro Décadas. Op. Cit. Pág. 279].

Con el paso de los años, enfrentados ahora a la situación crítica referida en las primeras líneas, renace la matriz neoliberal, ahora institucionalizada en centros promotores de esa doctrina, como CEDICE: "Es necesario revisar la relación Estado-Sociedad con respecto a la renta que produce la actividad de los hidrocarburos, para que esta vaya directamente a los ciudadanos. El excedente económico que se origine en la actividad petrolera, que corresponde a la Nación, será destinado totalmente a la creación de un FONDO, que será el Fondo de ahorro, patrimonio e inversión de los venezolanos. Su rendimiento será entregado directamente a cada venezolano a través de cuentas individuales... Será preciso que PDVSA deje de ser una operadora y convertirla en una excelente administradora de los Contratos de Producción Compartida ('Production Sharings'), en nombre de los propietarios del recurso, todos los ciudadanos" [Diego González Cruz: Propuestas para Venezuela. Cómo rescatar a la industria petrolera nacional. CEDICE Libertad. Caracas 2016].

Justamente ahora, en momentos críticos para la Nación y partiendo de esta matriz CEDICE, nos alcanzó el futuro, y aparece una nueva propuesta privatizadora, envuelta en el atractivo papel de regalo de "democratizar el ingreso petrolero".

Los señuelos, son los mismos de siempre: Maximizar la producción petrolera y gasífera, diversificar la economía, desarrollo sustentable y equilibrio ambiental. El mejor de los mundos posibles [Leopoldo López, Gustavo Baquero: Venezuela Energética. Propuesta para el bienestar y el progreso de los venezolanos. pág. 166.].

Partiendo de una afirmación que puede ser generalizada a todos los gobiernos que en este país han sido, según la cual los grupos que controlan el poder político privatizan las ganancias de la industria petrolera al apropiársela ellos y que el resto de los venezolanos asumimos siempre las pérdidas, plantean un "nuevo esquema distributivo" en el que fundamentan su proyecto de "democratización del petróleo": "Planteamos que parte de la renta petrolera sea depositada en cuentas individuales de cada venezolano mayor de edad sin distinción de ningún tipo y para ello proponemos contabilizar de manera clara y separada la parte del ingreso petrolero que le corresponde al Estado y la que les corresponde directamente a los ciudadanos..." [López-Baquero, Op. Cit.12].

Aunque se trata de una propuesta bastante más elaborada que las de sus predecesores, en cuanto a la restricción del destino que cada ciudadano dará a su porción del ingreso petrolero, al establecer que ella será aplicada al ahorro de una pensión, el financiamiento de la educación, la adquisición de vivienda, la atención médica hospitalaria y la inversión productiva, la sola mención de estos rubros prefigura un futuro en el cual la salud, la educación, la seguridad social y hasta la pensión de retiro, serán asuntos de los cuales cada individuo deberá proveerse, reduciendo el papel del Estado al de policía, administrador de justicia, vigilante de las fronteras y monopolista de las limitadas armas de la Republica. El propio ideal del extremismo liberal.

Todo lo demás puede y será privatizado: escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos, parques, autopistas, fondos de pensiones, emisión de monedas, cárceles y manicomios. Y todo ello en beneficio de sus ciudadanos más aptos, emprendedores y sobrevivientes de la vorágine de la libre competencia.

La justificación teórica e ideológica de la recentísima propuesta López-Baquero es la misma y añeja de Quiroz Corradi-Monaldi, Sosa Pietri, Giusti, Espinasa y otros: Son los ciudadanos con derecho a voto, los mayores de 18 años, los auténticos propietarios de la renta del suelo y no el Estado. Vale decir, reiteraremos hasta el cansancio, no la Nación.

Parten como ya referí, de la confusión del Estado con la Nación y la reducción de ésta a su porción ciudadana, mayor de 18 años: "...proponemos que el ingreso petrolero generado por la venta del petróleo sea dividido entre el Estado y los ciudadanos... La herencia y el marco actual definen que la propiedad del petróleo es de los venezolanos, sin embargo, esta propiedad para poder distribuirla debe ser extraída y vendida. La propiedad adquiere valor más allá del formalismo legal de que nos pertenece a todos. Es por esta razón que nosotros consideramos que es el ingreso petrolero y no los yacimientos en el subsuelo lo que debemos distribuir" [López-Baquero Op. Cit. Págs..256-262.].

A partir de estos postulados define las porciones que integrarán el "Ingreso Petrolero Ciudadano" y que deberán ser depositadas anualmente en las cuentas individuales de cada ciudadano, en un "Fondo Patrimonial de los Venezolanos": Toda la regalía, la sobretasa de 16% de Impuesto Sobre la Renta aplicada a los hidrocarburos y todos los dividendos que declare PDVSA.

Desde luego, este Fondo Patrimonial "manejará un monto importante de recursos que podrá bajo criterios estrictos de eficiencia y transparencia, garantizar un rendimiento seguro y razonable de las inversiones de estos fondos...".

En otras palabras, en vez de ser el Estado republicano, legal, constitucional e históricamente conformado como garante de los intereses permanentes de la Nación, serán los empresarios-administradores de un Fondo parcial, el de los ciudadanos mayores de 18 años, quienes van a decidir el destino del patrimonio colectivo ancestral y futuro de todos los venezolanos.

Y todo esto nada tiene que ver con los ya mencionados fondos creados en otras latitudes -Noruega, Kuwait- a los cuales se alude falazmente como supuestos paradigmas para la instauración de este novedoso contrabando expropiador.

Pues bien, tales son los antecedentes en los cuales se fundamenta el anteproyecto de Ley de Hidrocarburos que cursa en la Asamblea Nacional desde el año pasado. De ser aprobado, se convertiría en el primer instrumento para proceder al despojo de la Nación, hoy incapaz de defenderse de quienes "se prueban la ropa que vas a dejar", con el perdón de Discépolo.

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