Werther Sandoval,
ÚN, 23-10-2020.
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| Periodista Werther Sandoval. |
Previsor de la empecinada lucha que sobrevendría por tratar de despojar a la nación de los beneficios de la tierra, hace 191 años Simón Bolívar elaboró el decreto que coloca en manos del Estado la propiedad de los hidrocarburos.
Basta leer la denominación del decreto promulgado el 24 de octubre de 1829, en Guayaquil, Ecuador, en su condición de presidente de la Gran Colombia, para entender el fundamentado propósito de la normativa: “Decreto de El Libertador Simón Bolívar sobre Conservación y Propiedad de las Minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla”.
De entrada, El Libertador dejaba plasmados los argumentos que lo impulsaron a establecer la normativa que protegía a la nación de los intereses mezquinos que intentaban usufructuar las minas.
Bolívar arguye que debe asegurarse la propiedad de las minas ante cualquier ataque, dado que a pesar de ser una de las principales fuentes de la riqueza pública, la minería se encontraba abandonada en Colombia.
Refiere que para fomentar la minería es necesario derogar disposiciones antiguas que han sido el origen de constantes pleitos entre mineros.
Además, en su visión de estadista sienta bases para la promoción, desarrollo y fomento de los conocimientos científicos de la minería y de la mecánica, así como del espíritu de asociación y de empresa, a los fines de que la minería llegue a un grado que colabore con la prosperidad del país.
En consecuencia, el primero de los 38 artículos establecidos en el decreto apunta: “Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto”.
Valga apuntar que Asdrúbal Baptista, en su texto Teoría Económica del Capitalismo Rentístico, explica en su libro que en la sociedad capitalista se admiten como legítimas sólo dos fuentes privadas de ingresos: la propiedad, por una parte; y el trabajo, por la otra. Por tanto, según sea de una u otra fuente de donde provengan los ingresos recibidos, los individuos serán o propietarios o trabajadores, respectivamente.
Vemos entonces que la decisión de Bolívar deja plasmada la condición que debe asumir el Estado frente a “las minas de cualquier clase”: propietario, pues tal categoría implica ejercicio de soberanía y encarna la obtención y distribución de los beneficios de la explotación de los hidrocarburos entre toda la población.
El decreto actuó y actúa como principio y antesala del devenir histórico del Estado propietario del recurso hidrocarburo presente en el subsuelo. Se transforma en centro de lucha por el poder. Quien logre doblegarlo y manipularlo, capta y distribuye la explotación y la renta petrolera.
“Tan pronto el Estado comenzó a exigir remuneración con cargo a la propiedad que detentaba sobre los hidrocarburos, se pondrá en marcha una contienda distributiva por las resultas del negocio petrolero, cuyo ámbito es el mercado mundial aún cuando se dé a escala nacional”, señala Baptista.
Bajo el precepto de que el derecho a explotar no otorga propiedad sobre el yacimiento, surgen los conflictos entre quienes intentan manipular y doblegar al Estado, y los que interpretan el decreto bolivariano como un acto de la necesaria distribución de la renta y ejercicio de soberanía.
Es así como uno de los intentos por poner el Estado a favor de las transnacionales petroleras arranca con el inversionista estadounidense Horace Hamilton, quien atraído por el Lago de Asfalto de Guanaco gestiona, en 1883, ante el gobierno de Joaquín Crespo, la explotación comercial del recurso natural.
Crespo le otorga una concesión por 25 años. A cambio, Hamilton debía comenzar la explotación en un plazo de 6 meses, prorrogables por seis meses más.
También debía pagar al Tesoro Nacional 2 bolívares por cada tonelada de asfalto explotado y la canalizar los ríos Guarapiche y Caño Colorado.
Hamilton no cumplió. Y en 1885 negocia la cesión del contrato a la estadounidense New York Bermúdez Company, NY&BC, la cual auspicia y apoya la revolución Libertadora liderada por el General Manuel Antonio Matos, contra Cipriano Castro.
La empresa le entregó a Matos 145.000 dólares en pertrechos de guerra, información que llegó a los oídos de Castro.
No obstante, La Libertadora es aplastada por Castro, que de inmediato pide al Procurador General de la Nación acudir a los tribunales para exigir la rescisión del contrato a la NY&BC, la cual también deberá pagar indemnizaciones por su responsabilidad en los daños cometidos durante la guerra. La instancia judicial admite la demanda y ordena el secuestro del Lago Guanoco.
En su defensa, la NY&BC pide y obtiene el apoyo del gobierno de EEUU. Crece la disputa y en medios de la polémica, el Subsecretario de Estado solicita información sobre el juicio a su embajador en Caracas, quien responde: «Creo que debería enviarse inmediatamente a La Guaira una flota americana. Si el Lago de asfalto no es restituido a sus propietarios estadounidenses dentro de las 24 horas posteriores a la llegada de la flota, soy de la opinión que sean ocupadas las aduanas de La Guaira y Puerto Cabello».
EEUU intenta ignorar la sentencia del tribunal. En 1908 se dicta una nueva sentencia que condena a la NY&BC al pago de 24 millones de bolívares por ser responsables de daños y perjuicios causados a Venezuela por su patrocinio a la guerra.
Sin embargo, antes de ser ejecutada la sentencia, por motivos de salud Castro viaja a Europa y deja al frente del gobierno a su compadre y amigo Juan Vicente Gómez.
El 19 de diciembre de 1908, Gómez desconoce a Castro, restablece relaciones diplomáticas con EEUU, que envía tres buques de guerra a La Guaira. En marzo de 1909 la NY&BC toma de nuevo posesión del Lago Guanoco.
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