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| Clodovaldo Hernández. |
¿Síntomas para preocuparse? Sin duda, pues, por más que haya señales de recuperación nacional y por más terrible que sea la situación de las oposiciones, sería un grave error creer que todo anda viento en popa y a toda vela, que han cesado las amenazas concretas de inestabilidad y, peor aún, que 2024 es pan comido.
Vemos el contexto. Suponga que usted es el piloto de un enorme avión al que durante mucho tiempo le han disparado toda clase de metralla y misiles. El hecho de haber sobrevivido a tan feroces ataques lo hace sentir invulnerable, capaz de seguir volando indefinidamente. Pero esa sensación tan positiva no significa que haya cesado todo riesgo. Sobre todo, no significa eso si usted -confiado por sus logros previos- se convence a sí mismo de que haga lo que haga, siempre saldrá con bien de los trances y, por ello, ignora las luces y señales sonoras de alerta.
Traslademos esta
metáfora a la política nacional para decirle al presidente Nicolás
Maduro (y a quien pueda interesar) que si bien ha sido muy diestro
atravesando tormentas y resistiendo agresiones, también le toca ser buen
piloto en tiempos de relativa calma y atender las advertencias que
aparecen con suma claridad en el panel de instrumentos.
El conflicto Onapre
En la pantalla principal de la cabina de mando, la luz de alarma más intensa que se ha encendido es la de una política salarial que tiene las características de un virus troyano metido en el sistema de vuelo de la Revolución por un enemigo astuto.
Un organismo hasta ahora casi anónimo, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) ha capitalizado el rechazo de los trabajadores del sector público, en particular de los muy golpeados ámbitos de la salud y la educación.
Al margen de que algunas parcialidades políticas estén utilizando este descontento para tratar de pescar en río revuelto, un hecho evidente es que el reclamo tiene una base muy cierta. Se trata de gente que gana muy poco, que ha pasado roncha durante los años del bloqueo y la pandemia y, para completar el cuadro, reclaman que ahora se les ha negado parte de sus pagos correspondientes a reivindicaciones laborales tan sagradas como las vacaciones.
Y esta medida se aplica justo este año 2022, cuando tanto se ha hablado de señales de recuperación y de un país que comienza a arreglarse. Justo cuando las oposiciones lucen tan desdibujadas por los cambios de postura de sus jefes estadounidenses.
La reacción de quienes creen defender eficazmente al gobierno en este episodio han sido la de identificar a los que protestan con los enemigos políticos, con esa oposición que tanto daño le ha hecho al país. Pero ese punto de vista es de los que se caen por su propio peso, pues se trata de asalariados a los que se les ha privado de parte de sus ingresos, y frente a eso cualquier trabajador reacciona airadamente, sea o no militante de algún partido antichavista.
Algunas personas opinan que el problema de fondo es de comunicación. El gobierno tomó la medida sin explicar y generó la respuesta conflictiva. Es posible que así sea, pero no es estigmatizando a los que han salido a protestar como se va a enmendar ese error. Por el contrario, habría que llamar de inmediato a los dirigentes sindicales para ofrecerles las explicaciones correspondientes y buscar vías de conciliación.
Dirán algunos que eso no debe hacerse porque esos dirigentes sindicales son de este o de aquel partido o de esta o aquella disidencia, y sentarlos en una mesa de diálogo sería darles demasiada tribuna. Según mi punto de vista, a ningún gobierno le conviene pensar así, pero menos a uno encabezado por alguien que fue líder laboral de la izquierda dura cuando gobernaba la derecha socialdemócrata o socialcristiana.
El hecho de que se estén produciendo expresiones de protesta sindical es una doble señal de alerta para la Revolución. Por un lado –como ya se ha señalado- porque hay un sustento real en las quejas. Por el otro, porque queda evidenciada la poca ascendencia de la dirigencia sindical roja-rojita en las masas trabajadoras.
La narcopolítica
Otra luz que se ha encendido reiteradamente para el chavismo es la que indica presencia del crimen organizado en círculos de la política nacional y regional.
Hasta ahora, dos diputadas han renunciado a sus cargos de elección popular, Jeycar Pérez, en febrero, y María Yanitza Bogado,
esta semana. Ambas llegaron a la AN como parte de la alianza del PSUV
con el partido evangélico ORA. Al dimitir, las dos se ahorraron el mal
trago de que su inmunidad parlamentaria fuese allanada por la plenaria,
como sí ocurrió con Taína González, ficha directa del PSUV. Las tres
tienen causas judiciales, acusadas de delitos de drogas.
Hay
una cuarta diputada, la de mayor jerarquía sin lugar a dudas, la
exministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, que está suspendida de su
cargo en la AN, de la representación venezolana en entes parlamentarios
internacionales y de sus funciones dentro del Partido Socialista Unido
de Venezuela. A ella se le considera responsable (en el mejor de los
casos por falta de supervisión) de lo ocurrido con la diputada Taína
González y con la alcaldesa Keyrineth Fernández, del municipio Jesús
María Semprún, del estado Zulia, capturadas in fraganti con un alijo de
cocaína. «Está en el ostracismo, pero no está presa», dijo una fuente
parlamentaria en tono de confidencia, pues el caso específico de Núñez
ha sido manejado con extrema discreción.
El hecho de que estas
personas estén separadas de sus cargos y tres de ellas procesadas por
los tribunales es un buen ejemplo de lo que siempre debería ocurrir. De
esa manera se envía el mensaje a los que andan en malos pasos de que van
a quedar completamente expuestos en sus actividades irregulares o
criminales.
Algunas versiones indican que los nombres de otros parlamentarios (al menos tres) podrían aparecer en los próximos días.
En un hecho también relacionado con el nexo de política y crimen, se ha informado que el diputado Peter Sayago, del partido Tupamaro y el estado Anzoátegui, está presuntamente involucrado en el asesinato del oficial de la Policía Nacional Bolivariana Jesús Bolívar Briceño, ocurrido en Maracay y del que se sindica a maleantes de la banda “el Asdrúbal”, componente de la organización delictiva
Sayago, quien también resultó herido en el suceso, está acusado de haber alertado a los delincuentes sobre la inminente llegada de la comisión policial. El vehículo desde el cual se le disparó a la policía llevaba (según una versión extraoficial) armas con destino a la cárcel de Tocorón, una de las “sedes” del Tren.
La
alarma que se ha activado en estos casos habla de la penetración del
narcotráfico y de otras organizaciones criminales en la política
venezolana, un fenómeno que ha hecho estragos en varios países de
Nuestra América, incluyendo al vecino inmediato, que se ha encargado de
inocular su mal hacia este lado de la frontera, durante varias décadas. Y
un fenómeno sobre el cual varias voces nacionales de renombre (Luis
Britto García, Miguel Ángel Pérez Pirela, Iraida Vargas, Mario Sanoja
Obediente, Sergio Rodríguez Gelfenstein, entre otros) han clamado en el
desierto por años.
Más allá de los informes policiales sobre
los modus operandi de los funcionarios que forman parte de estas redes,
es necesario un trabajo de inteligencia política que oiga a las
comunidades y detecte comportamientos muy reveladores de quienes han
entrado al círculo de la narcopolítica y de las megabandas.
Los
candidatos del PSUV para las elecciones parlamentarias, regionales y
locales fueron seleccionados en primarias. Ya en esa instancia inicial
se observaron conductas sospechosas de algunos aspirantes: derroche de
recursos, símbolos exteriores de riqueza, relaciones sospechosas con
personajes oscuros. En algunos casos (tal como lo ha demostrado el paso
del tiempo) no se hizo caso de esas señales, lo que facilitó el logro
de los objetivos de los infiltrados.
Le corresponde al PSUV ir a
fondo en este proceso de investigación de todo el entramado de
complicidades, partiendo de una hipótesis muy sencilla: los
narcodiputados y las narcodiputadas, los narcoalcaldes y las
narcoalcaldesas no son piezas aisladas, sino que corresponden a otros
funcionarios (civiles, militares y policiales) corrompidos por el dinero
de las organizaciones criminales.
Liderazgo occidental accidentado
Vladímir Putin y Xi Jinping son en los momentos que corren dos de los más prominentes líderes mundiales, no solo por sus capacidades personales, sino también por la casi caricaturesca mediocridad de sus rivales en el llamado Occidente.
Joe
Biden ya es un meme viviente, por todas sus extrañas andanzas de señor
senil y por el vergonzoso expediente de su hijo, Hunter. Josep Borrell
anda por los rincones llorando porque Lavrov sale más y mejor en la
prensa que él, a pesar de la censura a los medios rusos. Macron tiene la
cachaza de criticar el colonialismo (el ruso, desde luego) durante su
visita a países de África esquilmados históricamente por Francia. El
presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, luego de llevar a su país a
una destructiva guerra subsidiaria de la OTAN, hace un alto en sus
supuestas labores de comandante en jefe para tomarse fotos junto a su
esposa, para la revista de modas Vogue. Y, cuando parecía difícil
ganarles a los anteriores en esa competencia de desatinos y sandeces,
aparece Pedro Sánchez y dice que su contribución al ahorro energético
europeo consiste en dejar de usar corbata… ¡Qué derroche de
inteligencia!
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