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| Camaradas trabajadores en la entrada de la sede del TSJ. |
Por convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), así como de organizaciones obreras de base, se llevó a cabo una nutrida y representativa manifestación a las afueras del TSJ, donde se consignaron los escritos de adhesión al recurso de Amparo Constitucional conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos contra el Instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto “que desmejora y elimina beneficios y derechos establecidos en las Convenciones Colectivas de Trabajo y Actas Convenios celebradas entre las Organizaciones Sindicales y el Estado en su condición de Patrono”.
Esta iniciativa fue respaldada por la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec), el Sindicato Nacional Unitario del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, el Colectivo 2 de Junio de los Trabajadores de la Fundación Misión Barrio Adentro, sindicatos de base del sector salud, la seccional del Distrito Capital del Sindicato del Inces, trabajadores de la Industria del Cemento, trabajadores de las Clínicas Populares, una representación de las y los pensionados y jubilados del sector transporte, entre otros.
También del sector privado mostraron su solidaridad una representación de los trabajadores de la empresa Bimbo, quienes mantienen una lucha contra los despidos injustificados ejecutados por la transnacional.
Las y los representantes de las diversas organizaciones y sectores presentes tomaron la palabra bajo la consigna “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”. La intervención central estuvo a cargo de Pedro Eusse, Secretario General de la CUTV, quien manifestó que el Instructivo “dictado por la Onapre de manera unilateral, arbitraria e inconsulta” contraviene el derecho a la negociación colectiva y “constituye una medida sin precedentes que implica la desaplicación parcial de garantías y derechos constitucionales, perjudicando gravemente el patrimonio de las familias de la clase trabajadora venezolana”.
«En un contexto de severa crisis, parece que Venezuela se está arreglando, pero solo para los bolsillos de las cúpulas económicas y políticas del Gobierno y la oposición», añadió.
Eusse explicó que está en curso una “política sistemática de liquidación de los derechos de los trabajadores, máxima flexibilización laboral, despidos y persecución de los sindicatos y organizaciones clasistas autónomas, no gobierneras”.
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El abogado Alejandro Linares informó que solicitaron la declaratoria con lugar del Amparo “en virtud de que el instructivo violenta el derecho constitucional a la negociación colectiva establecido en los artículos 95 y 96 de la Constitución Nacional”.
“Además, denunciamos ante los funcionarios de la Sala una grosera violación del Bloque de Legalidad, en vista de que la Onapre no tiene competencia para dictar actos administrativos que modifiquen y menos que desmejoren las condiciones de trabajo pactadas mediante la negociación colectiva”, agregó.
En la actividad se lograron consignar de manera efectiva ante la Sala Constitucional del TSJ seis Escritos de Adhesión al Amparo Constitucional conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos por cada una de las Organizaciones presentes, CUTV, Fetraelec, Sindicato Nacional del Ministerio del Petróleo, Sindicato Nacional de la Industria del Cemento, Colectivo 2 de Junio y trabajadores del Sector Universitario.
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