Clodovaldo Hernández,
laiguana.tv, abril de 2021.
Periodista Clodovaldo Hernández. |
Hay ONG fundadas para luchar por los derechos humanos, esos que son universales, de todas y todos, pero ellas solo luchan por los derechos de determinados humanos. Y si alguien osa criticar ese sesgo, lo acusan de estar en contra no del enfoque discriminatorio de una ONG concreta, sino de los derechos humanos.
Hay ONG establecidas para exigir pulcritud electoral, pero su principal tarea parece ser oponerse a que se hagan elecciones o a interferir en ellas, y cuando un presidente democrático es derrocado, esas ONG apoyan al gobierno de facto, como pasó acá en 2002 o en Bolivia en 2019. Ahora bien, si se les señala por este comportamiento, arman una pataleta internacional en nombre de los valores democráticos que dicen defender.
Hay ONG que tienen como objetivo declarado preocuparse por los migrantes. Pero no indiscriminadamente: solo por ciertos migrantes. Cuando se les formula la observación, hacen pucheros y denuncian que los gobiernos malucos tratan de impedir su humanitario trabajo.
Así podríamos pasar un buen rato enumerando las contradicciones de estas entidades que, no por casualidad, se han convertido en uno de los dispositivos favoritos de la injerencia imperial en los países a los que se quiere mantener sometidos y colonizados (es un tema en el que siempre se caerá en el riesgo de poner a todos en el mismo saco. Me disculpo anticipadamente por eso. Pero tengo confianza en que las ONG libres de pecado se salvan por sus propias ejecutorias).
Lo de ser aparatos de la injerencia imperial puede parecer una mera consigna o, como cantó Silvio Rodríguez, un “evidente panfleto”. Sin embargo, no lo es. Basta revisar los lineamientos de las más recientes políticas de Estados Unidos para los llamados países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) para entender más claramente el papel estelar que se asigna a las ONG como vía para ejercer el control sobre naciones enteras sin necesidad de pasar por sus instituciones estatales.
Los del Triángulo son países casi siempre gobernados por la derecha, de manera que Eeuu podría actuar allí a través de sus aparatos estatales. Pero al parecer ya Washington ha decidido dejar a los políticos a la vera del camino y manejar a actores con mejor imagen y que no dependan de elecciones populares.
En el caso de Venezuela, las razones para intervenir vía-ONG son parecidas, aunque no iguales. La derecha local está fuera del gobierno desde hace mucho y Eeuu mismo no tiene ni siquiera representación diplomática por acá; mientras los dirigentes opositores se han revelado como insidiosamente ineptos y ladrones.
Operar mediante las ONG es una fórmula que recuerda aquello de “una mano lava a la otra y las dos lavan la cara”. Por un lado, el gobierno de Eeuu no aparece directamente envuelto en las maniobras injerencistas, sino que lo hacen las consabidas fundaciones como la National Endowment for Democracy (NED) o agencias supuestamente benévolas, como la Usaid (la CIA-light). Por el otro lado, emplean en el país a unas organizaciones que tienen mejor imagen que los partidos opositores y sus atolondradas alianzas (claro que esto es solo en apariencia porque muchos dirigentes partidistas se han percatado de la movida y han creado sus propias ONG. ¡Es que para buscar dinero son unos aviones!).
Uno de los aspectos centrales del viraje hacia el llamado “tercer sector” es que al gobierno y a las fuerzas populares que lo apoyan les resulta muy fácil responder a los ataques directos de Eeuu o de los desprestigiados líderes de la derecha partidista, pues tales ataques son adverbialmente torpes y ramplones.
En cambio, es un poco más complicado hacerlo ante una ONG, aunque básicamente utilicen los mismos argumentos y falacias.
Los dirigentes de las ONG que se prestan para ser utilizadas con estos fines tratan siempre de posar como luchadores sociales amenazados por los cuerpos represivos del gobierno o por las hordas del chavismo. De esa manera van apoderándose de una especie de patente de corso, algo así como un paquete de superderechos que permite, por ejemplo, acusar a cualquier funcionario o persona de un delito sin asumir la obligación de consignar pruebas. Y cuando el afectado se defiende, es estigmatizado como agresor de las ONG (por supuesto que para lograr este manto de impunidad, algunas de esas ONG actúan en llave con los medios de la llamada “prensa libre”, financiada también por agencias extranjeras, que presenta a los directivos como mártires o perseguidos políticos. Pero hoy no ahondaremos en esa arista del problema).
Las mentiras estructurales de las ONG
Las ONG, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron objetivos muy loables, pero los gobiernos de las superpotencias durante la subsecuente Guerra Fría rápidamente aprendieron a captarlas, cooptarlas o a disfrazarse de ONG para usar esas plataformas como armas de infiltración e inteligencia.
Tras el final de la Guerra Fría, a comienzos de los 90, Eeuu y las naciones europeas tomaron ese bastión como otro de los recursos para la dominación unipolar e irreversible que proyectaban desarrollar. Así comenzaron a fluir grandes cantidades de dinero para garantizar la hegemonía ideológica y económica en todas las regiones bajo su influencia y en las nuevas zonas, que habían surgido tras la debacle soviética.
¿No gubernamentales y sin fines de lucro?
En este punto aparece una de las mentiras estructurales de las ONG de estos tiempos: el ser organizaciones sin fines de lucro.
La posibilidad de acceso a generosos financiamientos de los países dominantes o de corporaciones trasnacionales interesadas en los recursos naturales de las naciones neocolonizadas “les abrieron las agallas” a muchos dirigentes de ONG, a despecho de que hubiesen comenzado sus actividades como servidores de una causa noble.
También desataron las ambiciones de gente que no había militado en ONG, pero vieron allí una oportunidad de enriquecimiento, un modelo de negocios.
Desde entonces, muchos directivos oenegistas se amparan bajo el paraguas de las entidades sin fines de lucro, pero en la práctica, desarrollan actividades con beneficios muy jugosos, pues además de recibir dinero en moneda dura, tienen pocos gastos operativos (muchos de sus trabajadores son voluntarios o casi) y están exentos de impuestos.
Y en este punto aparece la paradoja de la transparencia mencionada al inicio del artículo. Los directivos de ONG se arrogan el derecho a tener finanzas opacas, con el argumento de que deben proteger a sus mecenas.
A todas luces, es una prerrogativa que no se le puede otorgar a nadie en un mundo atosigado por los capitales sucios. Pero las ONG venezolanas se empeñan en que es su derecho.
Esta dependencia del dinero en el extranjero nos lleva a otro punto que hace un ruido tremendo: varias de las organizaciones “no gubernamentales” de Venezuela (y del resto del mundo) son sostenidas por agencias inequívocamente gubernamentales de EEUU o países europeos. ¿Entonces? Tal parece que su condición de no gubernamental se refiere a su propio país, pero en términos estrictos, son entes públicos de otros países. Una contradicción ontológica.
¿Políticamente independientes?
Otra de las grandes falacias de ciertas ONG es la independencia o neutralidad política. Asumen posiciones claramente alineadas con la derecha y la ultraderecha, pero se disgustan cuando se les incluye en el bloque opositor a la Revolución Bolivariana. Les pasa lo mismo que a la «prensa libre»: quieren ser actores políticos para atacar al gobierno y descalificar a sus militantes, y al mismo tiempo, jueces asépticos capaces de emitir dictámenes equilibrados y «creíbles».
No se trata de una cuestión meramente anecdótica ni de una bipolaridad inofensiva. No olvidemos que buena parte de la agresión diplomática que ciertos organismos internacionales y gobiernos hostiles despliegan contra países como Venezuela se basa en informes de ONG que actúan con ese ropaje de neutralidad.
Esto es particularmente grave cuando hablamos de las ONG de derechos humanos, pues el sesgo político ha convertido a algunas (entre ellas, unas que tenían un gran prestigio acumulado) en defensoras exclusivas de quienes comulgan con las ideas de la derecha, incluyendo allí violadores flagrantes de dichos derechos, como guarimberos, coautores de viles linchamientos y hasta líderes negativos de bandas paramilitares urbanas.
Derecho a ir por la libre
Para finalizar este breve paseo por el mundo fantasioso de las ONG, hablemos un poco del asunto actual: la regulación o supervisión del Estado.
El más reciente berrinche de las ONG venezolanas (bueno, es un decir) tiene que ver con el ya mencionado derecho que ellas se atribuyen a ocultar sus fuentes de financiamiento.
El gobierno ha dado pasos para hacer lo que hacen todos los demás gobiernos del mundo, es decir, tener algún tipo de supervisión sobre esta clase de organizaciones. A pesar de esto último, la reacción de repudio ha sido a escala global.
Por cierto, como detalle irónico, entre los críticos de la medida hay funcionarios de países donde bajo ninguna circunstancia podría establecerse una ONG patrocinada por un gobierno extranjero adversario y muchísimo menos por el de Venezuela.
En otras naciones serían inadmisibles situaciones como que una entidad que pretende dar opiniones y dictar pautas en materias de seguridad de Estado reciba fondos de una agencia gubernamental de un país hostil, que ha calificado a Venezuela como una amenaza. Pero aquí ocurre... Y pensar que estamos en medio de una feroz dictadura.
Confidencias domingueras
Me permito acá una digresión personal. No se refiere a una ONG, pero sirve de ejemplo.
En los años 90 fui parte de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), una organización laboral que hasta entonces vivía -a duras penas- de las cotizaciones de los militantes, especialmente de los que éramos beneficiarios de contratos colectivos conquistados a punta de luchas muy duras contra los amos de la vieja prensa venezolana, casi todos ricachones y mangantes que se manejaban con los gobiernos de la Cuarta República, oscilando entre la adulancia y la extorsión.
En algún momento, el sindicato comenzó a ser cortejado por la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Primero apareció, como de la nada, un ciudadano noruego llamado Stein Ove Grounson (no sé si está bien escrito, perdón si no), muy simpático y dispuesto a tomar cerveza con los panas y a aprender a bailar salsa con las muchachas del gremio.
Luego, Stein, como quien no quiere la cosa, invitó al Sntp a enviar delegados a congresos mundiales en sitios tan atractivos para cualquiera como Oslo o Estocolmo, o tan lejanos y misteriosos como Harare, la capital de Zimbabue, con los gastos cubiertos. Después propuso lo que desde un principio venía a proponer: que el Sntp se afiliara a la FIP, dejando a un lado su pertenencia histórica a la Organización Internacional de Periodistas, un ente que había sido parte de “la órbita soviética”, es decir, que ya estaba descontinuado.
Para no extender el cuento, más pronto que tarde, la directiva del sindicato estaba dividida (y distraída de sus luchas) debido a la propuesta de Stein. Recuerdo que Mario Villegas, el secretario general, quien estaba opuesto a la afiliación a la FIP, acusaba al noruego de haber pervertido a varios de los otros directivos y asesores con la tentación de la moneda dura. Él, que como todos los Villegas es dado a los juegos de palabras, empezó a llamarlo Stein “Dólar” Grounson (por cierto, Mario ha estado hospitalizado con Covid-19. Te deseo una pronta y completa recuperación, amigo).
Al final pudo más el dólar y el Sntp se afilió a la FIP, y varios de los directivos y exdirectivos fueron contratados como funcionarios o asesores de la Federación, en cuyo rol recorrieron medio planeta. Así, poco a poco, el que había sido un sindicato independiente y de izquierda, terminó siendo un apéndice de las fuerzas más reaccionarias de la oposición, defensor de sus adversarios históricos y dialécticos, como el Bloque Venezolano de Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa. Todo ello con el subterfugio de luchar contra «la dictadura».
En estos años, ya sin contratación colectiva ni trabajo alguno en favor de los derechos laborales, el Sntp ha recibido financiamiento de agencias de gobiernos extranjeros, incluyendo el del Reino Unido, país que mantiene secuestrado el oro que es propiedad de todos los venezolanos y todas las venezolanas y que, además, es adversario histórico en la reclamación del Esequibo.
Según investigaciones que fueron difundidas recientemente, el actual Sntp comparte esa fuente de financiamiento con varios portales de la «prensa libre» y con una emisora vinculada a la Iglesia.
Por cierto, si algún periodista de investigación quiere mirar hacia dentro del sindicato y seguir el rastro del dinero (receta básica de los expertos en esta rama del periodismo), le doy una pista: que averigüe cómo y quiénes han manejado los aportes de la embajada británica y de las fundaciones alemanas Friedrich Ebert, Konrad Adenauer y Hanns Seidel.
Estos recursos llegan a una cuenta que tiene el Sntp en el Caracas International Banking Corporation de Puerto Rico, con sede en la avenida Ponce de León, de San Juan, todo ello “según fuentes bien informadas, pero que exigieron el anonimato por temor a represalias”... ¿no es así que se dice?
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