Pedro Eusse,
Tribuna Popular, N.º 3.018,
Julio de 2020, pág. 12.
 |
| Pedro Eusse, Coordinador del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. |
Salarios, pensiones y prestaciones sociales fueron pulverizados como resultado de la combinación letal de reconversión monetaria (2018), política salarial regresiva e hiperinflación sin frenos. El más reciente ingreso mínimo nacional fijado por el Gobierno, con salario mínimo de 400.000 bolívares mensuales más bono alimentario de igual monto, en realidad es una absoluta reducción del salario. Comparemos: el salario mínimo decretado después de agosto de 2018 fue equivalente a 30 dólares mensuales; el establecido a mediados de 2019 ya apenas era equivalente a 5 dólares; y el de ahora, decretado en mayo, no llegaba a 3 dólares para el momento de comenzarlo a cobrar, lo que sobre todo afecta a los pensionados que no perciben el bono de alimentación, sino sólo lo correspondiente al salario.
Mientras tanto, el Ejecutivo nacional reincidió en la política de precios acordados para complacer a los capitalistas, haciendo «ajustes» calculados en dólares para que haya una escala móvil de precios. Con estructuras de costos estimadas en divisas para los patronos, incluso el precio de la fuerza de trabajo (aunque ésta es pagada en bolívares devaluados), casi absolutamente todo lo que se compra está tasado en dólares. Tenemos una economía doméstica dominada por el signo monetario estadounidense.
POLÍTICA SALARIAL Y CUARENTENA
La política salarial, concebida para reducir costos favoreciendo las ganancias del capital, quedó definida en los lineamientos e instructivos, respectivamente, del Ministerio del Trabajo y del Ministro de Planificación, dictados en el 2018 para eliminar unilateralmente las conquistas salariales logradas mediante convenciones colectivas y aplanar hacia abajo la escala de salarios, violentando los principios de intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. A ello se suma la paralización de las discusiones de convenciones colectivas, lo que cerró la posibilidad de mejorar salarios y demás beneficios a través de acuerdos obreros-patronales, con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
El personal al servicio de la administración pública y de las empresas estatales, en general, es el más perjudicado. Salvo excepciones, los trabajadores del Estado no perciben ingresos calculados en divisas, mientras que los patronos de distintas empresas privadas, para evitar la fuga de fuerza de trabajo, hacen pagos en dólares o en bolívares calculados a la tasa de cambio del día. Esto produce una desigualdad que lesiona material y moralmente al personal que labora para el Estado y sus empresas. Un ejemplo claro: la diferencia entre las remuneraciones de quienes trabajan para Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y quienes laboran en las petroleras privadas.
En cuarentena se reducen además los ingresos de las familias trabajadoras, porque muchos asalariados no tienen posibilidad de continuar realizando labores extras (formales o informales), indispensables para completar el sustento. Los suministros de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los bonos del «carnet de la patria» son casi la única fuente de alimentación para la mayor parte del pueblo trabajador; sin embargo, las cajas CLAP llegan de manera irregular a distintas comunidades y no contienen proteínas, frutas ni hortalizas. Es decir, que pudiera crearse un cuadro masivo de subnutrición y malnutrición, y por tanto de debilitamiento de los sistemas inmunes en buena parte de la población, lo que podría aumentar su vulnerabilidad ante la amenaza del virus.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario