Tribuna Popular,
Buró Político - PCV,
N.º 3.016, págs. 1 y 3, mayo de 2020.
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| Oscar Figuera, Secretario Político Nacional del Comité Central del PCV |
La pandemia que azota a la humanidad ha puesto al desnudo frente a las amplias masas, los límites del modo de producción capitalista. Es evidente cómo las anticuadas y caducas relaciones capitalistas de producción y apropiación, al constreñir el desarrollo de las fuerzas productivas (los avances científico-técnicos y la potencia del trabajo social de la clase obrera), no sólo crean condiciones de mayor vulnerabilidad de la sociedad frente a posibles crisis sanitarias, medioambientales y de otro signo, sino que también impiden el despliegue de estas poderosas fuerzas de la sociedad de forma coordinada y eficiente para superar rápidamente este tipo de epidemias y amenazas.
Las precarias condiciones de los sistemas de salud a nivel mundial –en general privatizados–, la competencia entre los laboratorios de distintas corporaciones transnacionales y países para buscar la vacuna con fines lucrativos, los despidos masivos de millones de trabajadores y trabajadoras, la exacerbación de las políticas nacionalistas chovinistas, la agudización de las contradicciones intercapitalistas e interimperialistas, las amenazas de intervenciones y guerras de agresión que ponen en riesgo la paz mundial; entre otros muchos aspectos, demuestran la incapacidad natural del orden capitalista para resolver estas crisis sin tener que sacrificar la vida de miles de trabajadores y destruir invalorables fuerzas productivas.
Algunos Gobiernos capitalistas no han tenido reparo en desarrollar medidas agresivas anti-populares y anti-obreras, que colocan los intereses de la acumulación del capital por encima de la salud de los trabajadores y del pueblo en general. Por otra parte, han existido experiencias de Gobiernos que en diferentes niveles e intensidades, han implementado medidas de protección de la población, colocándose como referentes internacionales de lucha por contener la expansión de la pandemia.
Esta conducta de algunos Gobiernos capitalistas en el mundo, ha hecho resurgir el viejo mito sobre la neutralidad del aparato del Estado y su capacidad para colocarse al margen de la lucha de clases y actuar en representación e interés de toda la sociedad. Incluso no han faltado teóricos que han aprovechado la pandemia para exponer extravagantes ideas acerca de la inevitabilidad del advenimiento de una era post-capitalista caracterizada por Estados fuertes capaces de garantizar los derechos elementales de toda la población sin distingo de clases. Otros plantean que está agotado el «capitalismo neoliberal» como fórmula para no reconocer la profunda crisis del modo de producción capitalista y la demanda histórica de su superación.
El Gobierno venezolano ha sido quizás el modelo más relevante de este tipo de experiencia de gestión de la crisis sanitaria, que desde su propia línea discursiva ha pretendido desdibujar la naturaleza y carácter de clase del Estado venezolano y de la abierta tendencia de su política económica en favor de los intereses del gran capital. Sin embargo, la realidad es incontrovertible y termina explotando en la cara de los modernos defensores del Estado burgués encubiertos bajo la vieja teoría del Estado benefactor.
En Venezuela, al igual que en todos los países capitalistas del mundo, la pandemia y sus consecuencias golpean con mayor fuerza a los trabajadores de la ciudad y el campo, ya sean formales o informales. Sin desmeritar los plausibles esfuerzos y acciones del Gobierno venezolano encabezado por el presidente Nicolás Maduro, para contener la expansión del virus, asegurar asistencia gratuita a la población afectada y ejecutar un conjunto de medidas de protección social que atenúan, transitoria e insuficientemente, el impacto de la cuarentena en importantes sectores populares, vemos que en el campo de las medidas económicas que deben acompañar el plan contra la pandemia, el Gobierno y el Estado venezolanos han mantenido la misma tendencia de su política de liberalización económica, que no ha tardado en empezar a causar estragos en la frágil economía y en las precarias condiciones de vida del pueblo trabajador.
Ciertamente, el pueblo venezolano y la economía nacional sufren las consecuencias de la agresión sostenida, multifacética, multiforme y criminal del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos quienes, en contubernio con la derecha latinoamericana y los «pitiyanquis» núcleos fascistas venezolanos, mediante el bloqueo y la imposición de ilegales y unilaterales medidas coercitivas, pretenden restaurar su dominio sobre el país. Al hacer tal cosa, han agudizado la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano, que a su vez se expresa en la profundización de las limitaciones históricas del debilitado aparato productivo nacional, reduciendo la capacidad de ingreso nacional con la caída de la producción y venta del petróleo, limitando mediante diversas modalidades de bloqueo las pocas importaciones que el Estado está en capacidad de realizar, generando deformación en todas las variables socioeconómicas, así como mayores sacrificios a la ciudadanía e incapacidad para la recuperación de servicios y la reactivación del proceso productivo nacional.
A la descomunal devaluación del bolívar, tanto en el mercado oficial como en el paralelo de divisas, que se ha traducido en un significativo escalamiento de los precios en bolívares de los bienes de consumo esenciales para la población, se agrega el deterioro de los servicios públicos de electricidad, agua y gas doméstico en todo el territorio nacional, y la anarquía en la distribución de los inventarios disponibles de combustibles que ha impactado en los precios de los alimentos y viene generando conatos de corrupción alrededor del tráfico y venta ilegal del combustible.
En consecuencia, mientras por un lado el Gobierno venezolano hace demostraciones de ejecutar eficientes estrategias para controlar la propagación del virus, por otro persiste en mantener su política económica al servicio de los intereses capitalistas, exacerbando las deformaciones inherentes al carácter dependiente y rentista del capitalismo venezolano, y por ende altamente nociva para las condiciones de vida de las y los trabajadores.
La masiva reacción de descontento de las masas trabajadoras frente a la devaluación de los salarios y el incremento acelerado de los precios de los productos de la canasta básica, fue nuevamente respondida por el Gobierno venezolano con la misma línea discursiva de los últimos 7 años. En nombre de la soberanía y la defensa de la patria, objetivos estratégicos y antiimperialistas en los que coincidimos (a lo largo de toda nuestra historia hemos luchado por la liberación nacional y el socialismo), buscan eximirse de toda responsabilidad, achacando toda la carga del actual estado de la economía a la guerra no convencional que efectivamente ejecuta el imperialismo contra nuestro país, y a las acciones desestabilizadoras del empresariado, cuando es más que evidente que en la actual situación también incide en una proporción importante –en algunos casos determinante– la aplicación durante varios años de una política económica gubernamental de carácter liberal denunciada por nuestro Partido, que, entre otros fines, se ha propuesto descapitalizar y desmejorar empresas estratégicas del Estado para avanzar en su privatización y reprivatizar las recuperadas en tiempos de Chávez.
Nuevamente se anuncia una campaña contra la especulación y por el establecimiento de precios justos de los principales rubros de la canasta básica, y todo esto en nombre de los intereses de las y los trabajadores. Como de costumbre, el método empleado por el Gobierno es la negociación con los sectores empresariales del país y de espaldas a las organizaciones de los trabajadores (cuya representación y vocería se arroga), para acordar los precios que garanticen a los capitalistas la recuperación de los costos de producción y la máxima ganancia, mientras el Estado absorbe una buena parte del costo social.
Antes de hacerse público el listado de los precios acordados de los 27 productos de primera necesidad, el Gobierno del compatriota presidente Nicolás Maduro, unilateralmente, sin consulta ni discusión con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del país, anunció el primer precio: el de la fuerza de trabajo, expresado en la medida de un incremento nominal del salario mínimo nacional para el Primero de Mayo. El insuficiente y desfasado incremento salarial, viene a confirmar la tendencia de la política del Gobierno nacional dirigida a destruir el ingreso real de las y los trabajadores venezolanos: es una variable que abarata el precio de la mercancía fuerza de trabajo y hace más atractiva la inversión capitalista para la obtención de mayores márgenes de plusvalía.
Desde el incremento salarial de septiembre del 2018, en el marco del anunciado plan de reimpulso económico, que estableció el salario mínimo en el equivalente a 30 dólares bajo la modalidad de supuesto anclaje al petro, el mismo ha venido en una tendencia decreciente acelerada, y con el nuevo incremento salarial nominal (no real), se ubica en el equivalente a menos de 2,3 dólares.
La estrategia planteada por el Gobierno venezolano para enfrentar la compleja situación económica, favoreciendo por un lado el acuerdo con los sectores empresariales a nivel productivo, mientras que por otro lado profundiza su política de pulverización de los salarios de las y los trabajadores, es una prueba más que deja al descubierto la naturaleza capitalista de la gestión gubernamental de la actual crisis.
Más aún, el Gobierno nacional antes que obligar a la patronal a pagar un salario suficiente para, al menos, reproducir la fuerza de trabajo utilizada en el proceso de producción, prefiere conceder subsidios a la población que, al final de cuentas, significa subsidiar a los capitalistas.
Adicionalmente, debemos destacar que en Venezuela existe un peligroso y abismal desfase entre el salario mínimo oficial y aquellos que se vienen pagando formalmente en muchas empresas privadas del país. Este desfase, que es característico del régimen de trabajo asalariado vigente hoy en Venezuela, no es improvisado y responde a una lógica: colocar a la clase trabajadora en una situación de vulnerabilidad frente a los patronos públicos y privados, porque permite a los capitalistas jugar arbitrariamente con los salarios de los trabajadores entre el monto excesivamente bajo del salario mínimo oficial de menos de 2,3 dólares y el que vienen pagando las empresas entre 20 y 100 dólares, creando las condiciones favorables para una sobreexplotación de la fuerza de trabajo en interés de los capitalistas. Por otro lado, este desnivel o desfase salarial, también permite a los capitalistas someter a los trabajadores a condiciones laborales cada vez más inseguras y de riesgos, aprovechando las necesidades materiales de las y los trabajadores.
Es una descarada manipulación ideológica el discurso de protección de los trabajadores mediante una supuesta lucha contra la especulación y los altos precios, que en la práctica les asegura a los capitalistas la garantía de obtener la máxima ganancia, y adicionalmente un régimen salarial que les brinda excepcionales condiciones para la explotación de la clase trabajadora venezolana.
En el complejo cuadro de la pandemia, la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo no deben dejar en manos del Estado burgués la defensa de sus conquistas y derechos. Los efectos negativos de la pandemia sobre la debilitada economía nacional, se recargarán con más fuerza sobre los hombros de las y los trabajadores. Ya esa realidad la estamos viviendo, y su tendencia será a agudizarse. En tal sentido, para las y los trabajadores es imperativo actuar con independencia de clase frente a la burguesía en la actual coyuntura y aún en el escenario de situación de emergencia nacional.
Hoy más que nunca, frente a la agudización de la crisis capitalista por los efectos de la pandemia, la clase trabajadora en alianza con todas las capas explotadas de la sociedad tiene la obligación y el deber de luchar por una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano. Así como no es posible combatir la propagación del virus mediante los planes capitalistas de retorno a las actividades regulares, tampoco será posible asegurarles a las y los trabajadores su derecho al empleo, salarios dignos, seguridad social y eficientes servicios públicos mediante una política de liberalización económica. Son tiempos de confrontar, deslindar y acumular fuerzas para avanzar en la construcción de la unidad revolucionaria obrera, campesina, comunera y popular que impulse procesos de acumulación de fuerzas capaces de derrotar las inconsecuentes políticas reformistas y entreguistas que se están aplicando desde el aparato del Estado venezolano y, a la vez, lidere la amplia alianza patriótica y antiimperialista por la liberación nacional, que abra perspectivas ciertas a la construcción del socialismo-comunismo en Venezuela y la gran patria latinoamericana y caribeña.
La actuación clasista, consciente y protagónica de la clase obrera, el campesinado, las corrientes comuneras, la intelectualidad revolucionaria y las fuerzas populares, es la única garantía para afrontar los desafíos que plantea la pandemia en una dirección favorable a los intereses de las amplias mayorías de la población.
Es momento de reagrupar, concentrar y realinear las fuerzas para luchar por una política revolucionaria de protagonismo obrero, campesino, comunero y popular que defienda y recupere el poder adquisitivo del salario y su incidencia en las prestaciones sociales, e impulse la producción nacional bajo un nuevo modelo de gestión colectiva y control obrero-campesino y popular, garantizando bajo su dirección, vigilancia y control la distribución y comercialización de los bienes de consumo esenciales para desmontar el acaparamiento, la especulación y la corrupción.
Las tendencias capitalistas de las medidas económicas gubernamentales son inviables en las actuales condiciones especiales del país, a menos que se profundice el proceso de entrega al capital transnacional. Su profundización sólo preparará el terreno para una crisis más aguda acompañada de inevitables explosiones sociales y represión que pueden configurar una situación de crisis revolucionaria, la cual, en la medida que avancemos en la creación de las condiciones subjetivas de organización y conciencia proletaria, podría resolverse en favor de las fuerzas revolucionarias, derrocando el dominio de la burguesía y conquistando el poder para la clase obrera, dirigiendo el proceso revolucionario venezolano por los senderos de la liberación nacional y la verdadera construcción del socialismo-comunismo.
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Caracas, 28 de abril de 2020.
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